Requiere InfoDF aumento de 100 millones de pesos para armonización de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México
07 de Octubre de 2016
Boletín # 049
• ALDF estará obligada a acatar 719 criterios por concepto de obligaciones específicas: comisionado Mucio Hernández Guerrero
• El comisionado presidente compareció ante legisladores de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la ALDF
• El InfoDf recibe sólo el 10 por ciento de declaraciones de 122 entes obligados, entre ellos, sindicatos: diputado Ernesto Sánchez Rodríguez
Un aumento de 100 millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año requiere el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acceso a los Datos Personales y Rendición de Cuentas local (InfoDF).
Así lo expuso el comisionado presidente del Instituto, Mucio Israel Hernández Guerrero, en su comparecencia ante la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Al señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México aprobada en el mes de mayo de este año, contempla un presupuesto anual base para sus gestiones correspondiente al 0.32 por ciento del presupuesto total de la ciudad (280 millones de pesos).
Hernández Guerrero presentó un informe que dio cuenta de trabajos, acciones y programas para garantizar el derecho de información y protección de datos personales.
Hizo mención de algunos de los beneficios de la citada Ley, que reduce los tiempos a las solicitudes, acorta los plazos de recursos de revisión, promueve un gobierno abierto, mecanismos de colaboración necesarios para fijar políticas públicas, difundir, publicar y publicitar información de acuerdo a la demanda, entre otras.
Las cifras presentadas en cuanto a solicitudes de acceso a la información, la tasa de crecimiento del 2004 al 2014 ascienden al 32.9 por ciento. Para el cierre del 2016, se prevé que se reciban 119 mil solicitudes (idéntica a la cantidad total de solicitudes a nivel nacional).
En el mismo periodo, de las 80 mil 907 solicitudes recabadas el 10 por ciento corresponden a peticiones acumuladas. Los medios de recepción son herramientas electrónicas (InfoMex), telefónica (tel-info) y a través de correo electrónico, equivalentes al 96.2 por ciento, con un tiempo promedio de respuesta de 8.1 días desde la armonización de la ley.
Sobre los datos sociodemográficos, Hernández Guerrero informó que en su mayoría son varones entre 20 y 29 años, con un grado académico de licenciatura (estudiantes y académicos); también destacó que el 20 por ciento de estas peticiones son hechas por empleados y obreros sobre temas como entorno laboral y ejercicio de varios derechos.
En cuanto a los recursos de revisión realizados, se llevaron a cabo 35 sesiones ordinarias para determinar 2 mil 512 resoluciones.
A fin de dar seguimiento a los parámetros de evaluación en los portales de transparencia de cada uno de los 122 sujetos obligados de rendición de cuentas, se les envió una metodología que incluye tablas de aplicabilidad y lineamientos. En este sentido, indicó que crecieron los criterios de evaluación y obligaciones específicas, de 255 a 504 formatos, además de mil 593 criterios resultado de armonizaciones de la ley.
Respecto de las obligaciones específicas, la Asamblea Legislativa tendrá que acatar el mayor número de criterios con 719; el órgano electoral, 383; el órgano judicial con 220; el propio Instituto de Acceso a la Información, 216; los fideicomisos incrementaron, 166; la UACM, 154 criterios; partidos políticos, 156 establecidas.
En cuanto a derechos ARCO en relación con el ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, durante el segundo trimestre del 2016, 104 sujetos obligados recibieron 7 mil 497 solicitudes ARCO, que representa un incremento de 60.85 por ciento respecto al mismo periodo en el 2015.
Durante 2016, informó que se han capacitado de manera presencial a 6 mil 111 servidores públicos de 113 sujetos obligados.
En el rubro de difusión de sus funciones y actividades, se tuvo una presencia importante medios de comunicación impresos y electrónicos con un total de 2 mil 146 menciones, y en materia editorial se han distribuido 3 mil 426 publicaciones.
Entre los programas y acciones más significativos, mencionó el Programa de Corresponsabilidad Social para Fortalecer los Derechos de Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales, Correspondes; el de coinversión para el desarrollo social en la Ciudad de México en coordinación con la Dirección de Igualdad en la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad; la Escuela Ciudadana de Transparencia; una serie de redes ciudadanas por la transparencia, ferias delegacionales por la transparencia; un portal Web con el que se da impulso al programa Juventudes en Línea,
En cuanto a administración y presupuesto, del presupuesto aprobado por un monto de 128 millones 868 mil 197 pesos, el Instituto obtuvo otros ingresos derivado del pago de indemnizaciones de siniestros (pago del seguro por inundación), obteniendo un presupuesto modificado por cantidad de 129 millones 165 mil 263.77 pesos.
De esta cifra, se han ejercido el 67.42 por ciento del presupuesto modificado y se tiene comprometido el 28.07, es decir, el 95.49 por ciento del presupuesto está prácticamente devengado, por lo tanto queda por ejercer el 4.5 por ciento, acotó, y aún falta el 4 por ciento.
Posicionamientos y preguntas de legisladores
Carlos Alfonso Candelaria López, del Partido Encuentro Social (PES), manifestó sus inquietudes respecto del uso del Internet como herramienta de promoción y difusión en redes sociales en torno al derecho de la ciudadanía al Acceso a la Información así como las actividades del Instituto, toda vez que de acuerdo a estadísticas, sólo el 17 por ciento de internautas realizan gestiones gubernamentales a través de plataformas digitales, y del 79 por ciento que tienen acceso al servicio de Internet, sólo lo hacen a redes sociales.
También enfatizó que es necesario actualizar la página de Internet del Instituto porque no cuenta con información reciente, además de promover un convenio con el gobierno a fin de hacer módulos de atención ciudadana (como los respectivos de la Secretaría de Finanzas) para ofrecer consulta de información “sin tantos trámites”, además de explicar cómo solicitarla.
En la ronda de preguntas, señaló que a pesar de la cifra de solicitudes atendidas (80 mil solicitudes) se requiere trabajar en campo para atender también a la gente que no cuenta con acceso a Internet.
Juan Gabriel Corchado Acevedo de la Coalición Parlamentaria de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Humanista (PT-NA-PH), recordó la aprobación de la nueva Ley de Transparencia que representa la suma de voluntades de todos los sectores de la sociedad, que exige a los servidores públicos entreguen sus versiones públicas de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, además de imponer plazos menores para que accedan a la información en temas de alto impacto y un régimen de rendición de cuentas con mayores restricciones para su clasificación.
Con el objetivo de que la ciudadanía esté más informada y participativa, preguntó sobre las nuevas necesidades del InfoDF para afrontar las atribuciones impuestas por la Asamblea Legislativa con la ejecución de la ley, además de los criterios para el rediseño institucional, su modo de trabajo, tareas de responsabilidad para abatir la opacidad de los órganos de gobierno en beneficio de la transparencia y rendición de cuentas.
Una vez escuchado el informe del comisionado presidente, preguntó si ya tiene un monto específico de cuánto presupuesto requerirá para cubrir las funciones del próximo ejercicio fiscal.
Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), abordó acerca de la labor del InfoDF para transparentar información de los sindicatos como sujetos obligados. Sobre el ejercicio de rendición de cuentas que implica la ejecución de la Ley de Transparencia y los artículos transitorios implementar derivados de esta.
Coincidió en que es necesario actualizar la página de internet y eficientar las respuestas a solicitudes de información físicas, incentivar mecanismos y formatos ágiles de solicitudes, utilizar de manera eficiente el presupuesto de 126 millones destinados al instituto, así como los proyectos del programa de corresponsabilidad social, para el que se erogaron 5 millones de pesos para este objetivo.
DuniaLudlowDeloya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció por fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, debido a que la corrupción, de acuerdo con cifras y estadísticas, tiene un costo a nivel nacional de hasta un 9 por ciento del PIB; además, se registra una pérdida de confianza en las instituciones de entre 80 y 90 por ciento.
Resaltó que con esta nueva ley se reducen los tiempos de respuesta, dijo que la ley cuenta con mecanismos “para que sepamos que los beneficiarios de programas sociales no se utilizarán en procesos electorales”. Pidió al comisionado conocer sus comentarios sobre la acción de inconstitucionalidad contra siete artículos de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México que interpuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al hacer el uso de la palabra durante los cuestionamientos, preguntó qué le faltaría al instituto para que en los indicadores de transparencia y niveles de corrupción se tenga un avance respecto al nivel nacional.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el también presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, señaló que en favor de la eficacia en la aplicación de los recursos, los funcionarios están obligados a explicar cómo invierten los recursos que reciben y los beneficios que representan para la sociedad. Lamentó que sólo se reciba el 10 por ciento de las declaraciones provenientes de los 122 entes obligados, entre ellos, de sindicatos. No obstante, pese a los detractores de esta ley, está en vigor y garantiza el derecho al acceso a la información pública, añadió. En materia de transparencia no daremos un paso atrás, aseveró.
Fomentar desde esta Comisión capacitación a servidores públicos, modificar los portales de transparencia de los sujetos obligados, difundir en la totalidad de los 122 sujetos obligados el conocimiento y la comprensión de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas para que complete su aplicación; dar seguimiento a la información solicitada impugnada a través de los recursos de revisión; esto, como parte de la creación de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
En la ronda de preguntas, pidió conocer cómo ha participado el pleno del InfoDF para cumplir la Ley de Transparencia, en particular en los criterios en la resolución y aplicación de recursos. Además, solicitó el estatus en que se encuentra el Reglamento interno del instituto.
El secretario de la Comisión de Transparencia a la Gestión, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, presentó el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Afirmó que la ciudad cuenta con un oportuno ejercicio de rendición de cuentas para consolidar nuestro sistema democrático, vigilar, demandar y sancionar a quien incurra en actos de corrupción; además, permite transparentar los recursos utilizados por instancias públicas locales como secretarías, órganos autónomos, dependencias, sindicatos, partidos políticos fideicomisos fondos públicos, delegaciones y la Asamblea Legislativa.
El también presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se comprometió a organizar mesas de trabajo para plantear estrategias en las que el InfoDF aporte ideas respecto de las leyes secundarias, además de buscar dotar con recursos para la implementar la citada ley. “Si no tenemos los recursos necesarios, puede llegar a ser letra muerta”, destacó.
El diputado Iván Texta Solís, también del PRD, participó en la ronda de preguntas. Preguntó el avance que tiene el InfoDF sobre la implementación del Nuevo Sistema Anticorrupción; pidió la opinión del comisionado sobre la presentación de la acción de inconstitucionalidad 45/2016 sin que exista legitimidad para hacerlo, y si considera que existe una contradicción entre lo dispuesto por el Sistema Anticorrupción con su homónimo a nivel local, además de la participación del INAI en la armonización de la Ley de Transparencia local (la acción de inconstitucionalidad que interpuso).
Néstor Núñez López, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, señaló que esta comparecencia no debe darse en contexto de la glosa del informe del Jefe de Gobierno, toda vez que se respete el marco jurídico local. Pidió al comisionado presidente incidir mayormente en las decisiones de gobierno y del ejercicio de las dependencias.
Preguntó sobre el listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitiditas, sus causas, plazos de respuesta, el estado que guardan así como las acciones implementadas contra funcionarios que no las hayan aceptado.
Raymundo Martínez Vite, también de Morena, en la ronda de preguntas, exhortó al comisionado a garantizar la difusión y transparencia de los recursos.
A la reunión asistieron el presidente de la Comisión de Gobierno, diputado Leonel Luna Estrada (PRD), la diputada Rebeca Peralta León, así como los comisionados Elsa Viviana Peralta, Luis Fernando Sánchez, Alejandro Torres y David Mondragón.
