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REQUIERE TCADF 81 MILLONES DE PESOS ADICIONALES PARA APLICAR REFORMAS A LEY ORGÁNICA



02 de Diciembre de 2009

Boletín # 221

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Raúl Armida Reyes, solicitó un techo presupuestal de 365 millones 767 mil pesos, es decir, 81 millones de pesos adicionales. De ahí que los diputados mostraran su preocupación por el déficit que se registrará en caso de que la ALDF no apruebe el gasto propuesto por dicho órgano.

Al señalar que están concientes de las afectaciones por la crisis económica y lamentar que no pueden reducir más el presupuesto solicitado por las nuevas disposiciones a las que están obligados cumplir, indicó que 81 por ciento será para gastos personales.

Detalló que para el Capítulo 2000 se destinaron 4 millones 791 mil pesos; para Capítulo 3000 “Servicios Generales” se designaron 56 millones 449 mil 720 pesos, de los cuales 24 millones son para cubrir gasto de renta del edificio; Capítulo 4000 “Ayudas, Aportaciones y Transferencias”, se solicitaron 1 millón 839 mil 288 pesos, y para el Capítulo 5000 “Muebles e Inmuebles”, 4 millones 623 mil 767 pesos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasto Ensástiga Santiago, requirió información sobre proyectos para aplicar las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal, a cuánto asciende el gasto de nuevas áreas para atender estas nuevas reformas y el déficit que sufrió el presupuesto asignado en 2009.

El diputado José Alberto Couttolenc, del grupo parlamentario del PVEM, sostuvo que señaló que los presupuestos base cero en las empresas son un buen camino para regresar los presupuestos a base cero y no contar con los vicios de los presupuestos anteriores.

El diputado Mauricio Tabe Echartea preguntó cómo se resolverían los problemas que se generarían con el déficit de recursos de 81 millones de pesos, cuáles son los programas afectados por la falta de recursos y a qué se destinará el millón 800 mil pesos del Capítulo 4000.

En este sentido, el diputado Guillermo Sánchez Torres se refirió a la distribución de recursos asignados al Capítulo 1000. Reconoció que es difícil modificar el proyecto de presupuesto, incluso sostuvo que para garantizar los recursos a servicios personales se tenía que haber indexado por la inflación de año con año. Ante ello, cuestionó dónde va a sacar 18 millones para Capítulo 1000 y los demás para los boletines 2000, 3000, 4000 y 5000; cuáles son las actividades preponderantes que dejará de hacer este tribunal y en qué afectará los intereses de los particulares.

Ante los diputados locales, el servidor público explicó que las modificaciones a leyes en materia de transparencia, archivos, derechos humanos y firma electrónica, entre otros, obliga a crear las secretarías General de Acuerdos, de Asesoría y Defensoría Jurídica, de Compilación y Difusión y la de Administración, integrada por tres direcciones: Recursos Financieros, Humanos y Materiales; también se tiene que conformar la Contraloría Interna.

Advirtió que la intención del tribunal no es engrosar el aparato burocrático con la creación de todas las áreas mencionadas, por el contrario –señaló— se pretende una Contraloría lo más elemental que se pueda, con dos direcciones o subdirecciones de responsabilidades y sanciones y de auditorías.

Sostuvo que la nueva Ley Orgánica obliga a ampliar con 11 plazas la estructura del Tribunal de lo Contencioso para cumplir con la digitalización de archivos y una serie de responsabilidades, como la firma electrónica. Asimismo aseguró que tienen que crear un fondo conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial.



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