REQUIEREN REFORMAR CÓDIGO CIVIL
17 de Abril de 2013
Con el objetivo de establecer el derecho que las personas con discapacidad tienen al reconocimiento de su personalidad y su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de la población, el diputado Adrián Michel Espino, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles locales.
Precisó que lo anterior tiene el propósito de garantizar el cabal ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas que sufren algún tipo de discapacidad física o mental, relativas a la figura de Interdicción, y subrayó la importancia de distinguir entre quienes no tienen capacidad de autogobernarse, de quienes, por padecer discapacidades derivadas de cuestiones físicas, no pueden expresar su voluntad sin ayuda de otra persona o requieren del apoyo de adelantos tecnológicos.
Ante el Pleno de la ALDF, Michel Espino, detalló que el objetivo fundamental es adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad accedan al apoyo que se les pueda proporcionar en el ejercicio de su capacidad jurídica, y asegura que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se les proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos.
Las reformas al Código Civil propuestas por el diputado perredista garantizarán a las personas con discapacidad, protección adecuada desde el momento en que se les detecte su imposibilidad para autogobernarse; el derecho a recibir información sobre su estado de salud, su vida personal o el estado de su patrimonio, a emitir su opinión en los asuntos judiciales, administrativos y médicos que les conciernan, subrayó.
Lo anterior sin dejar de lado el derecho a la no discriminación no solo social si no familiar, a la autodeterminación física y a decidir situaciones respecto a sus relaciones cercanas.
El legislador perredista aseguró que la propuesta está diseñada para enfrentar los retos de los próximos 40 años, ya que de acuerdo a las proyecciones, las personas mayores de 60 años pasarán del 7.79 por ciento de una población total del país de 107 millones de personas, cifras de 2006, al 27.72 por ciento en 2050, es decir, que el número de adultos mayores será de casi 37 millones, la cuarta parte de la población calculada para ese año.
Caso especial es el de las personas dependientes de alcohol o de estupefacientes quienes, si no se rehabilitan, carecerán de entendimiento suficiente para ejercer su autonomía.
Finalmente, dijo que estas reformas dotarán a los jueces de instrumentos jurídicos y de apoyos de profesionistas para que puedan ejercer una aplicación de la ley con mayores elementos científicos y con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
