RESALTA PREOCUPACIÓN POR PREVENIR VIOLENCIA ESCOLAR
27 de Noviembre de 2012
Frente al incontrolable aumento de las agresiones y hostigamientos que recurrentemente se presentan en escuelas y centros de estudio, realizados por estudiantes en contra de otros estudiantes, Jaime Ochoa Amorós, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, presentó una Iniciativa para crear la Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Escolar.
Al fundamentar su propuesta, el legislador refirió que interpretar el fenómeno de la violencia escolar genera efectos que se oponen entre sí, al interior de un sistema que aspira a garantizar el derecho a la educación para todos, es decir, existen dos variables que responden a esta circunstancia: la primera, reaccionar al fenómeno que deriva en identificar al estudiante agresor a otra unidad educativa o a la calle, generando una exclusión simplemente identificativa.
La segunda: atender el fenómeno de la violencia de forma proactiva, apuntando a largo plazo a entender la escuela como un espacio que enseña a convivir, donde todos tienen cabida y derecho a la formación, incluso aquellos etiquetados como agresores.
Sin embargo, para el asambleísta, la violencia escolar resulta un fenómeno de preocupación global, que atenta contra el derecho a la educación y afecta directamente las trayectorias educativas de todos los que se ven expuestos a ella.
Recordó que durante muchos años, la intimidación entre niños en edad escolar no representaba un tema de interés público significativo; no obstante, en los últimos años se ha convertido a nivel mundial en un problema que ha adquirido una importancia relevante dentro de las políticas educativas, “al afectar alarmantemente el clima de convivencia al interior de los centros escolares”.
Al reconocer que hasta el momento ha sido imposible determinar cifras exactas de la violencia en los colegios de educación básica en el Distrito Federal, Ochoa Amorós sostuvo que el incremento de actos violentos, que involucran agresiones físicas, psicológicas y sexuales, daña severamente el estado emocional de las y los menores escolares.
“Entendemos por violencia escolar todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atentan contra otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o indefensión de la víctima, lo que causa maltrato, humillación o temor fundado y estos actos agresivos son cometidos por un solo estudiante o por un grupo, dentro o fuera del centro educacional”, reiteró.
El líder priista dijo que independientemente de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados sobre el problema del acoso escolar, el pasado 27 de abril, la Asamblea Legislativa debe hacer lo propio.
En este sentido, señaló que la iniciativa en comento, retomó los puntos finos de la propuesta en el Congreso de la Unión: “nuestra iniciativa propone que las autoridades deberán implementar acciones para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el acoso escolar y sus variantes, orientada a generar los elementos que permitan una solución integral al problema de la violencia escolar”, precisó.
El vicecoordinador de los asambleístas del PRI, dejó en claro la urgencia de contar con un marco legal y políticas públicas de educación que prohíban el acoso y la violencia escolar, que además incluyan planes de prevención e intervención en esos casos, tanto en instituciones educativas públicas como privadas.
En este rubro, destacó la necesidad de implementar cámaras de seguridad en patios de escuelas y camiones de uso escolar, así como aquellos que sean rentados para realizar el traslado de los estudiantes.
Finalmente hizo énfasis en los ejes fundamentales de su propuesta: garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes; que las autoridades desarrollen e implementen en las escuelas planes y programas para prevenir la violencia escolar.
Además, promover la participación de padres de familia y tutores junto con el personal escolar y los estudiantes en los planes de convivencia, prevención e intervención, así como realizar un diagnóstico especializado de la problemática en la ciudad, a partir de un sistema de denuncia de violencia escolar en coordinación con las Secretarías de Educación, Seguridad Pública y Salud.
