Respondió el Contralor General de la Ciudad de México cuestionamientos de diputados de la ALDF sobre acciones contra la corrupción
27 de Septiembre de 2016
Boletín # 023
- Presentó resultados de labores como parte de la Glosa del Cuarto Informe
Para dar continuidad a las comparecencias en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, contestó cuestionamientos de diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo.
Al inicio de la sesión, una comisión de diputados acompañó al funcionario a su llegada al Recinto Legislativo de Donceles.
Estuvo integrada por los diputados Carlos Alfonso Candelaria López, del Partido Encuentro Social (PES); Vania Roxana Ávila García, del Partido Movimiento Ciudadano; Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Adrián Rubalcava Suárez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN); Iván Texta Solís y Raúl Flores García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y Aleida Alavez Ruiz y Paulo César Martínez López, ambos del Partido Morena.
En seguida, un legislador de cada Grupo Parlamentario en la Asamblea Legislativa, presentó un posicionamiento respecto del informe que previamente enviara el funcionario sobre el estado que guarda la dependencia a su cargo en relación al IV informe de labores del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Alfonso Candelaria López destacó que este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia es un reclamo de la ciudadanía para tener certeza de que sus contribuciones están siendo utilizadas con eficacia ante la percepción ciudadana de desconfianza, y la evidencia de la Encuesta Transparencia Mexicana, que señala a la Ciudad de México como la entidad donde más actos de corrupción se cometen.
No obstante, sentenció que las acciones de la Contraloría han servido para solapar y encubrir malos manejos de funcionarios, por ejemplo, en los sistemas de Transporte Colectivo Metro (STCMetro), Eléctrico (STC), Metrobús, pases de lista en reclusorios, delegaciones, entre otras, cuyas denuncias aumentan.
Candelaria López denunció irregularidades abordadas en el Pleno, como la compra de camiones de basura y aseguramiento de bienes por parte de la oficialía mayor (que cuenta con una denuncia ante PGR); la rehabilitación del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, diversas obras públicas, seguimiento a acciones interinstitucionales por la aplicación del Reglamento de Tránsito (fotomultas), así como un gran número de adjudicaciones directas.
Calificó el actuar de la Contraloría como faccioso y subrayó que “la contraloría se ha dedicado sistemáticamente a la persecución despiadada de los adversarios políticos del Jefe de Gobierno”, por lo que pidió que su actuar sea independiente.
Por parte de la Coalición Parlamentaria de los Partidos del Trabajo, Humanista y Nueva Alianza (PT–PH–NA), Juan Gabriel Corchado Acevedo, aseveró que la glosa del informe ha dado lugar a debates sobre la rendición de cuentas de manera horizontal y vertical, a efecto de someter al escrutinio público las acciones gubernamentales.
El legislador hizo hincapié sobre el fortalecimiento de la sociedad civil organizada que impulse un modelo democrático e incluyente. A nombre de su partido, se pronunció por el fortalecimiento de las instituciones como medida fundamental para mejorar la capacidad del Estado de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, en la que se involucre a la ciudadanía en la gobernanza y el proceso de la toma de decisiones.
En este sentido, destacó el monitoreo de que la Red de Contraloría Ciudadana sobre la gestión gubernamental a través de la participación de los habitantes comprometidos. Reconoció que en los 110 operativos de vigilancia y supervisión en los que se contó con la participación de 740 Contralores Ciudadanos forman parte del acompañamiento de aquellos que quieren mejorar las condiciones de vida de su comunidad.
Corchado Acevedo enfatizó que en la medida en que la Contraloría logre obtener mejores resultados, la percepción de la ciudadanía sobre la actividad política y de los funcionarios públicos mejorará.
La diputada Vania Roxana Ávila García, del Partido Movimiento Ciudadano, se pronunció por el fortalecimiento de instituciones, la transparencia, rendición de cuentas, apoyo irrestricto a la aplicación de sanciones y mecanismos para abatir la impunidad de forma específica sobre actos que impactan directamente en el correcto desarrollo de la administración pública.
Reconoció los avances en el número de habitantes inscritos para participar como contralores ciudadanos, en los que se registró a 893 personas y se recibieron 65 mil 179 registros de rendición de cuentas sobre la Ley 3 de 3 en abono a la rendición de cuentas.
Aplaudió la prospectiva del funcionario acerca de la intención de realizar auditorías y fiscalización en tiempo real y la profesionalización del servicio público. Sin embargo, Ávila García cuestionó las acciones tangibles de la Contraloría para dotar a los ciudadanos de poder en el combate a la corrupción.
Sobre el presupuesto participativo, hizo señalamientos por 11 procedimientos disciplinarios en relación a proyectos no realizados con el presupuesto participativo. Asimismo, preguntó sobre el ejercicio de recursos en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Iztacalco, Cuauhtémoc, Tláhuac y Tlalpan.
En términos generales, también preguntó sobre las declaraciones del director general de contralorías internas en relación a que sólo se han concluido 40 proyectos con el presupuesto del año pasado, una tercera parte de lo planeado. Indicó que es imperativo conocer de forma precisa las acciones, mecanismos o procedimientos sancionadores a quienes han violentado la norma participativa, de lo contrario, dijo la legisladora, este presupuesto dejará de ser del ciudadano.
Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reflexionó sobre el formato de rendición de cuentas en la presentación de informes y discusiones en Mesas de trabajo convocadas por la ALDF, toda vez que mejore la rendición de cuentas y el uso de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y con principios de economía.
Reconoció actividades de fiscalización de la administración pública de dependencias locales, órganos desconcentrados, entidades y órganos político administrativos para aclarar 465 millones de pesos; a entidades paraestatales, 432 millones de pesos; a los órganos político administrativos, un monto de 750 millones de pesos; de manera total, resaltó que fueron 3 mil 100 millones de pesos esclarecidos.
No obstante, si el presupuesto aprobado para el año pasado fue de 169 mil millones de pesos, acotó Zárate Salgado, este monto es una parte indicativa de errores y falta de aplicación de recursos de manera eficiente en la Ciudad de México. Al respecto, dijo que se requieren auditorías en tiempo real y con mayor profundidad en el desempeño de las funciones.
Precisó que es necesario poner el dedo en eventos públicos donde se debe aplicar la ley de manera escrupulosa a fin de deslindar responsabilidades en casos específicos como el CETRAM Chapultepec, la muerte del gorila Bantú, la construcción y rehabilitación del viaducto de Línea 12, aclaración de los contratos celebrados entre el gobierno local con particulares (Fotomultas); y elecciones vecinales para elegir comités ciudadanos y de la Asamblea Constituyente, donde denunció, se malversaron recursos.
El diputado Adrián Rubalcava Suárez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que el combate a la corrupción debe propiciar la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la transparencia para terminar con el ejercicio discrecional de recursos públicos. Por ello, precisó que la Contraloría tiene la obligación de ejercer sus facultades sin distinción de partido a través de acciones concretas a fin de prevenir y sancionar de manera ejemplar a servidores públicos que incurran en actos indebidos.
Una vez analizado el informe de resultados del contralor, indicó el también presidente de la Comisión de Administración Pública Local, es de reconocer los resultados de acciones de evaluación preventiva e integral a candidatos a cargos públicos, que incrementaron en un 32 por ciento respecto del año pasado.
Por otra parte, en cuanto al apartado de fiscalización, el legislador del PRI destacó que de las 572 auditorías practicadas a diversas instancias locales en los rubros de adquisiciones, obras públicas, por contrato, control presupuestal, entre otras, se emitieron observaciones por mil 648 millones de pesos.
De igual forma, señaló aspectos de prevención, como el Laboratorio de Revisión de obra pública que evalúa la calidad de los materiales de construcciones en la ciudad. Rubalcava Suárez finalizó su discurso conminando al contralor general, Rovelo Pico, a continuar mejorando prácticas en torno a la implementación del Sistema Anticorrupción Local.
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, expuso que el control interno de la administración pública es una herramienta para que las instituciones cumplan sus objetivos, informen y justifiquen su actuar. El contralor interno debe tener objetivos claros y procurar la rendición de cuentas, agregó.
Resaltó detalles del informe de la Contraloría en el que se señalan mil 850 observaciones, la implementación del Laboratorio Móvil como medida de control con el que se auditan y verifican procesos de ejecución en la calidad de materiales de construcción, la plataforma tecnológica Direct 10 y los resultados alcanzados para recibir con celeridad denuncias ciudadanas
Aplaudió que la contraloría haya impulsado un seguimiento de la situación patrimonial de funcionarios públicos de la Ciudad de México en relación a la Ley 3 de 3 que el PAN impulsó como un ejercicio para acercar a las autoridades a la ciudadanía. Sin embargo, puntualizó que los actos de corrupción no detectados oportunamente han derivado en procedimientos administrativos en contra de servidores públicos.
En este sentido, la prevención para evitar actos de corrupción, fortalecer acciones de acompañamiento y seguimiento, así como vincular esfuerzos en materia de capacitación permitirá ir más allá de los datos arrojados. Además, pidió redoblar la vinculación interinstitucional en el combate a la corrupción en el marco de la implementación del Sistema Anticorrupción.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, hizo alusiones a casos en los que servidores públicos han sido sancionados.
Adelantó que presentará un punto de acuerdo para solicitar máxima transparencia en torno a la acción institucional del trabajo temporal y que se audite su funcionar por las instancias competentes. A nombre de su partido, se pronunció por los preceptos de transparencia y no a la demagogia, y se mostró en contra de las acusaciones sin sustento.
Indicó que la Contraloría General de la Ciudad de México es uno de los actores principales en la implementación del Sistema de Anticorrupción Local, “su puesta en marcha debe permitir acciones transversales en los diferentes niveles de gobierno”, por lo que solicitó al funcionario trabajar de manera conjunta con la Asamblea Legislativa, apuntó Texta Solís.
La diputada del Partido Morena, Aleida Alavez Ruiz, coincidió con la percepción ciudadana de desconfianza en las autoridades diez puntos arriba de la media nacional (con 95.3 puntos). A nombre de su Grupo Parlamentario se manifestó a favor de mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, y mostró la disposición de su partido para sancionar oportunamente a funcionarios que incurran en actos de corrupción.
Al recordar las jornadas electorales en las que participó la ciudadanía este año (Asamblea Constituyente y Comités Ciudadanos), pidió investigar a fondo las quejas por uso indebido de recursos públicos en delegaciones como Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.
Ante los casos de corrupción y desvío de recursos por intereses ajenos hizo un exhorto a combatir sin sesgo partidista la corrupción, el tráfico de influencias, conflicto de intereses con acciones contundentes que correspondan a una correcta aplicación del Sistema Anticorrupción y que se atiendan oportunamente los casos documentados.
Participación del Contralor General de la Ciudad de México
El Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, destacó que presentarse ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal representa un acto democrático que impulsa la gobernabilidad y la rendición de cuentas, derivado de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
Para la contraloría es importante resaltar dos referencias históricas trascendentes; la primera es la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015 cuando se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, y la segunda, del 29 de enero del presente año, que tiene que ver con la Reforma Política de la Ciudad de México.
El contralor Rovelo Pico agregó que esta transformación jurídica ayuda a impulsar de manera coordinada, institucional y armónica estrategias científicas precisas y de mayor alcance en materia de fiscalización gubernamental en beneficio de la ciudadanía.
Durante la implementación del Sistema Integral de Gestión Evaluación y Desarrollo (Siged) se redujo el 30 por ciento el tiempo de atención para la certificación de todos los contralores internos con el objetivo de profesionalizarlos y mejorar las acciones de fiscalización, procedimientos de quejas y denuncias relacionadas con conductas contrarias a las normas se realizaron 572 auditorías internas de las que se generaron mil 850 observaciones a los entes auditados, mil 245 fueron observaciones administrativas y 605 observaciones económicas por un monto de más de mil 600 millones de pesos.
En cuanto a los resultados de evaluación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), el funcionario remarcó que se implementan intervenciones como auditorías, supervisiones y vigilancia en tiempo real con el objetivo de detectar deficiencias en la calidad de materiales.
Se verificó la obra en proceso a través del laboratorio móvil de control de calidad, por lo que se emitieron 114 recomendaciones, de las que fueron aclaradas 54, prevaleciendo 60 de carácter técnico-administrativo y resaltó que se encuentra en curso la auditoría 12 y obra pública, cuyo objeto es verificar los trabajos de restauración del tramo elevado que concluirán el próximo 30 de septiembre.
Durante la ampliación del tramo elevado Mixcoac- Observatorio se encuentra vigente una auditoría en tiempo real, y se han derivado 20 observaciones de carácter preventivo que están en proceso de solventarse.
El funcionario destacó la importancia de tener un Laboratorio Móvil de Control de Calidad, que es un ejemplo que vigilarán e inspeccionarán las obras públicas, específicamente en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Para diciembre se estará inaugurando el Laboratorio de Revisión de Obra, que es un ejemplo de mejores prácticas en la administración pública de la Ciudad de México; con esta acción se vigilarán las obras ejecutadas, consideró el Contralor.
Eduardo Rovelo Pico reconoció la accesibilidad del jefe delegacional de Azcapotzalco para que este laboratorio sea desarrollado dentro de su jurisdicción, que permite el combate contra la corrupción, tema del que destacó que se han realizado diversas estrategias de verificación en órganos de gobierno.
Agregó que se ha asistido a 4 mil 752 actas de entrega recepción en la administración pública; se acudió a 129 reuniones de coordinación a fin de asesorar a los gobiernos delegacionales electos y se asistió a mil 715 actas de entrega recepción, de las cuales derivaron 100 expedientes por observaciones no declaradas y 54 están en observación.
Se realizaron 914 verificaciones de las que derivaron 51 denuncias ciudadanas y aplicaron 18 mil 539 encuestas, para conocer el nivel de satisfacción de la población respecto de los servicios públicos.
El titular de la Contraloría General de la Ciudad de México subrayó que en el portal de consulta electrónica del directorio de proveedores y contratistas actualmente se tiene a 36 empresas con impedimento vigente y se impartieron cursos y talleres en materia de recursos federales con la asistencia de más de mil personas servidoras públicas adscritas a diversas unidades responsables del gasto.
Se capacitó a 353 servidores públicos adscritos a la Contraloría General y a 62 órganos internos de control en lo referente a la ley 3 de 3. Actualmente en el gobierno se tiene una red ciudadana de 893 de este cuerpo que sin ser servidores públicos se suman al compromiso de gobierno, a través de ello se participó en más de mil procesos de adquisiciones y prestaciones de servicios y llevado a cabo 14 mil encuestas ciudadanas.
En materia de mejores prácticas para el combate a la corrupción se tiene un consejo interinstitucional para la implementación del sistema local anticorrupción, en ello participaron 80 servidores públicos y 11 representantes no gubernamentales.
Como invitados estuvieron Víctor Hugo Lobo Román, jefe delegacional de Gustavo A. Madero; Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional de Iztacalco; José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Desarrollo Social; Meyer Klip, director del Instituto de Verificaciones Administrativas (INVEA); Mauricio Rodríguez Alonso, secretario de Educación; Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México; y Mucio Israel Rodríguez, comisionado presidente del Info-DF.
Ronda de Preguntas
Al término del mensaje que emitió el contralor Rovelo Pico, los legisladores realizaron cuestionamientos sobre el informe. En su oportunidad, Carlos Candelaria López preguntó sobre las auditorías hechas al Fideicomiso del Metro.
De la Coalición Parlamentaria PT, NA y PH, Luciano Jimeno Huanosta pidió precisar acciones implementadas que representen un esfuerzo adicional en los procesos de mejora hacia una cultura de excelencia en el servicio público. En relación a la elección de la Asamblea Constituyente solicitó conocer las denuncias de irregularidades presentadas para dar vigilancia al actuar de servidores públicos.
La diputada Vania Roxana Ávila requierió conocer las acciones en contra de servidores públicos que no han aplicado el presupuesto participativo en ejercicios fiscales anteriores, cuántos funcionarios se han mostrado a favor de devolver el dinero, cuántos ya han sido sancionados en delegaciones que no presentan avances, y las sanciones que correspondan a quienes no apliquen el presupuesto participativo para este año en sus respectivas demarcaciones.
El diputado Fernando Zárate Salgado (PVEM), agradeció el compromiso de los contralores por vigilar que se apliquen correctamente los recursos, sugirió al contralor poner atención a la eficacia normativa en actos de gobierno, y pidió conocer su posición sobre violaciones a planes de desarrollo urbano sobre violaciones de uso de suelo en distintas obras en varias delegaciones donde “es notorio que están rebasando tanto la altura, como que trabajan sin licencia de construcción”.
Adrián Rubalcava Suárez, legislador del PRI, preguntó sobre los beneficios que se obtienen con la Ley 3 de 3 así como la situación de la Ciudad de México frente a otras entidades. Respecto de pesquisas difundidas en medios de comunicación sobre más de 100 denuncias realizadas ante la Contraloría, pidió saber en qué consisten y qué jefes delegacionales las presentaron, toda vez que se les solicite ampliar la información.
A pregunta expresa, el contralor informó que el delegado Ricardo Morenal sólo ha presentado una denuncia formal, pero que existen 37 denuncias por cuestiones como pérdida de documentación, irregularidades en administración de centros deportivos, agresión física entre compañeros de trabajo, entre otras. Al respecto, se han realizado diversas diligencias, inspecciones, audiencias, auditorías y confronte de documentos para deslindar responsabilidades, señaló Rovelo Pico.
Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), preguntó acciones para recuperar recursos desviados no sólo para sancionar sino para definir acciones de prevención. También cuestionó acerca del impacto de las acciones de control y acompañamiento a diferencia de las anteriores administraciones en la administración pública.
Raúl Flores García (PRD), señaló que es fundamental situar el ejercicio del servicio público para que se conduzcan conforme al marco legal. Es este sentido, preguntó acerca del estado de la denuncia para que se audite la gestión del ex funcionario jurídico en la delegación Cuauhtémoc, Pablo De Antuñano.
A nombre del Partido Morena, el diputado Paulo César Martínez pidió conocer el criterio para que se considere auditar programas sociales de gobierno “disfrazados”, que no pueden ser revisados y que además se aplican en temporada de veda electoral; las acciones frente al crecimiento inmobiliario, los funcionarios sancionados, cargos que ocupaban en la administración actual, monto recaudado por estas acciones y a dónde se ha canalizado este dinero. Además, el estatus de faltas administrativas de secretarías y delegaciones, y auditorías correspondientes a viajes al extranjero por parte de servidores públicos y acuerdos internacionales logrados.
