Sanciones patrimoniales a servidores públicos corruptos, propone morena en Ley de Responsabilidades Administrativas
02 de Julio de 2017
- Los diputados Aleida Alavez y Paulo César Martínez resaltan la necesidad de generar una ética pública que garantice una administración pública sensible, austera, responsable y honrada
- Se considerará falta grave no entregar información pública o la reserva indebida de ésta.
- Declaraciones patrimoniales deberán ser verificadas por las autoridades competentes
Ante el descontento e impotencia de los ciudadanos, generados por la corrupción e impunidad que han infiltrado las más altas esferas del servicio público, el grupo parlamentario de MORENA presentará una iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas que establece sanciones patrimoniales a quienes utilicen su cargo para servirse de él.
Esta ley, una de las 11 que integran el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que será expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debe ser ejemplo nacional de que cuando se quiere se puede. El fin es evitar que sigan saqueando las arcas públicas en la más absoluta impunidad.
Así lo señalaron los diputados Aleida Alavez Ruiz y Paulo César Martínez, al adelantar que la propuesta que presentará MORENA la próxima semana busca garantizar que los servidores públicos cumplan escrupulosamente en su empleo, cargo o comisión. Para ello, urge generar una ética pública que garantice una administración pública sensible, austera, responsable y honrada.
Es decir, los servidores públicos deben conducirse con honradez, ética, austeridad, integridad, receptividad, generalidad, calidad, legalidad, disciplina, moderación, economía, profesionalismo, imparcialidad, lealtad institucional, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia.
Es necesario establecer, dijeron, mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad que hagan sentir a la población que hemos tomado en serio sus reclamos, sus inconformidades, sus propuestas y hasta su indiferencia.
Resaltaron que esta iniciativa establece la obligatoriedad de acreditar fehacientemente lo que se informa en las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses. Es decir, explicaron, las autoridades deberán verificar la veracidad de lo declarado.
Señala como grave responsabilidad administrativa la utilización de recursos públicos para la contratación de propaganda que implique la promoción personal del servidor público o en favor de un grupo político con fines electorales.
Además endurece las sanciones a los malos servidores públicos al incluir penas patrimoniales, porque está visto que las administrativas son insuficientes.
Esta iniciativa, abundaron, distingue entre principios, directrices, obligaciones generales de los servidores públicos y conductas sancionables. También separa las faltas administrativas graves de las no graves. Enfatiza que la gravedad de una falta administrativa dependerá de las circunstancias en la que fue cometida, así como del impacto económico derivado del monto y el daño al erario público.
También establece como falta grave el no entregar información pública o la reserva indebida de ésta.
Agregaron que leyes y organismos que “supervisan el quehacer público” van y vienen, pero la corrupción e impunidad aumentan de forma alarmante. Ahí están los ejemplos a nivel nacional de exgobernadores que al amparo del poder se enriquecieron escandalosamente. “Esta es la oportunidad de atender el clamor social y aprobar una ley de vanguardia que no deje recovecos a la corrupción e impunidad”.
Los legisladores comentaron que ante el hartazgo de una sociedad que no cree que se vigile el buen desempeño de los servidores públicos, su propuesta establece sanciones para los responsables y a las complicidades entre la clase política que garantiza impunidad.
Debemos actuar en atención al interés superior y fiscalizar y controlar con honradez el gasto público, a través de los mecanismos que genere el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
De manera paralela deberán realizarse las reformas a la administración pública, adecuaciones a los programas y trámites del Gobierno de la Ciudad de México, así como a la operación de sus oficinas de servicios que garanticen servicios expeditos sin cobro de compensaciones; realización de trámites en tiempos razonables perfectamente establecidos que no inhiban o trasladen la inversión pública a otras entidades federativas.
Insistieron en que no aprobarán una ley que engorde a la burocracia, y por ende de los trámites burocráticos. De antemano hemos señalado que nos oponemos a la creación de nuevas estructuras que sólo duplicarán funciones.
Para concluir, afirmaron que el grupo parlamentario de MORENA hará eco de las propuestas de la sociedad civil y la academia que se sienten relegados en esta discusión.
