SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONTRALORÍA DE LA CDMX DEBEN INFORMAR SOBRE ESTATUS Y OTORGAMIENTO DE LOS CERCA DE MIL 700 PATRS: DIP. ANDRÉS ATAYDE
14 de Febrero de 2016
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF aprobó el pasado miércoles un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobierno y a la Contraloría General remitan un informe sobre la revisión de otorgamiento, funcionamiento y cumplimiento de la contraprestación de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR), otorgados a particulares del 2013 a la fecha.
La propuesta presentada por el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, tiene por objetivo analizar el costo-beneficio de los PATRs en la Ciudad de México, ya que existen aproximadamente más de mil 700 espacios, los cuales requieren auditorías constantes y reforzar su verificación.
"Los PATR exigen una contraprestación pecuniaria a cambio del uso y goce del inmueble permisionado. Su pago se realiza ante la Secretaría de Finanzas, a favor de la Oficialía Mayor, de conformidad con el Dictamen Valuatorio, emitido por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario", explicó Atayde Rubiolo.
En tribuna, informó que se han llevado auditorías para verificar los PATR existentes, ya que, dijo, algunos son multianuales, algunos hasta por 20 años, aún y cuando hay algunos ordenamientos que suponen prohibir dicho comportamiento.
"La transparencia en la información para esclarecer el análisis costo-beneficio de la concesión no tendría mayor contratiempo; hoy no existe registro público alguno en la página de la Contraloría General del Distrito Federal respecto de la existencia de sorteos públicos para el otorgamiento de PATRs", subrayó.
El legislador de Acción Nacional indicó que son conocidos casos de empresas como "ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.", la cual cuenta con 651 locales y 873 espacios comerciales por 20 años; "ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V." cuenta con un contrato de 78 mil 203 espacios publicitarios por 10 años.
"Que quede claro, no estamos en contra de estos permisos. La administración pública eficiente y en conjunto con los privados, podrá mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, pero ante la asignación de una cantidad sobresaliente a unos cuantos, es menester verificar que dichos permisos hayan sido otorgados respetando los medios y procedimientos adecuados. Ahí está la duda", concluyó
