SEÑALAN INCUMPLIMIENTO EN REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA EN DF
14 de Octubre de 2014
El diputado local del PRI, Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández, reconoció que las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal realizadas hace un año, se han visto limitadas en cuanto a su observancia y aplicación debido a la discrecionalidad u omisión de la autoridad, además de la profunda complejidad que se manifiesta en los distintos fenómenos sociales.
Esto ha conducido a un estado de degradación de los valores cívicos que han menoscabado la observancia de las normas legales, aseveró el priista, luego de considerar que la grave crisis de legalidad que ha fomentado la delincuencia, la proliferación de la impunidad y la descomposición del tejido social, ha provocado un desprecio y desdén hacia el cumplimiento de las reglas básicas de convivencia.
Ante la urgente necesidad de fortalecer y arraigar la cultura cívica entre los capitalinos para construir un marco propicio de tolerancia, solidaridad y equidad, Jiménez Hernández presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Lo anterior, tiene como objetivo transferir a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales la atribución que actualmente tiene la Secretaría de Gobierno “para formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico”, como una forma de coadyuvar en la formación de la conciencia ciudadana.
Refirió que las modificaciones pretenden darle a la Consejería un protagonismo primordial en la cultura de la legalidad y la educación cívica como elementos centrales de prevención, orientación y evolución de los comportamientos individuales y sociales que garanticen el estado de derecho democrático.
La educación y formación cívica de los ciudadanos debe convertirse en la base primordial de un conjunto de principios, valores y hábitos que sean los referentes de una interacción solidaria y corresponsable entre la comunidad y las autoridades, expuso el diputado local del Revolucionario Institucional.
“Por esto, es importante que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino no sólo cumpla con la impartición imparcial y expedita de la justicia cívica sino que además, se le otorguen facultades para impulsar valores y conductas que favorezcan la cultura de la legalidad como un elemento de la convivencia armónica y pacífica”, afirmó.
Erik Alejandro Jiménez añadió que para alcanzar los objetivos antes citados, se propone que la Consejería Jurídica tenga a su cargo no únicamente la publicación, difusión y distribución de la Gaceta Oficial sino que adicionalmente se encargue de acreditar y garantizar la actualización y divulgación del marco normativo de la ciudad.
“Con un sistema actualizado del marco jurídico –apuntó-, se consolidaría la voluntad mayoritaria por respetar las leyes”. Agregó que el fortalecimiento de la cultura cívica contribuye a la consolidación de un sistema que ensancha las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, con la participación vecinal que estimule el grado de confianza y cooperación hacia las acciones y políticas de gobierno.
El diputado local del PRI consideró que la difusión, el arraigo y la permanencia de una verdadera cultura de la legalidad deben promoverse en todos los segmentos de la población y, particularmente, entre la niñez y la juventud; pero también es obligación de autoridades y legisladores predicar con el ejemplo de los valores cívicos y del apego a la legalidad.
Recordó que hace casi un año presentó al pleno de la ALDF una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, misma que fue aprobada en diciembre de 2013 y publicada en la Gaceta Oficial capitalina el 6 de junio de 2014, la cual establecía reglas mínimas de comportamiento que garanticen el respeto a las personas, los bienes públicos y privados.
Sin embargo, Rubén Erik Alejandro Jiménez manifestó que el punto central no es la carencia de leyes o normas sino el desconocimiento, la negligencia o inobservancia de las mismas tanto de ciudadanos como de las autoridades.
