SEÑALAN QUE LA NORMA 30 PODRÍA SER INCONSTITUCIONAL
22 de Julio de 2014
La diputada del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Priscila Vera Hernández entregó un oficio al Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, José Ramón Amieva, que contiene recomendaciones respecto de la propuesta de Norma de Ordenamiento 30 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El documento observa temas como el ámbito de aplicación, el tipo de vivienda, el precio final de venta, los lineamientos de control, la publicidad en venta, contratos de compraventa, así como los mecanismos de verificación, supervisión de la norma y denuncia ciudadana.
“La norma 30 tiene que responder a una vocación netamente social, que debe de tener los incentivos puestos para que garanticemos que la gente de escasos recursos pueda acceder a una vivienda de calidad a un precio accesible. Hemos visto de forma muy lamentable como esta Norma 30 lejos de estar diseñada para que el ciudadano pueda acceder a ella, sigue habendo los mismos vicios que habiamos denucniado en la Norma 26. Preocupa el ámbito de aplicación donde hay pueblos originarios, donde hay zonas con alta sismisidad, áreas de conservación que ya habían sido excluidas en la norma 26 y que ahora estan incorporando en la norma 30”, explicó Vera Hernández.
Agregó que la propesta de la SEDUVI no establece las caracteristicas arquitectónicas que deben tener las viviendas de interés social, no se fijan los precios de venta, lo que abre la puerta a que los inmuebles se vendan en obra gris y se cobren aparte los acabados y amenidades. Apuntó que tampoco existen mecanismos de control y de supervición de tal forma que parecería que la autoridad espera que las violaciones no se sancionen.
“Preocupa también que en el procedimiento que ellos señalan tener como candado, que son cinco años a partir de que se constituya el régimen de la propiedad en condominio o cuando se establece la primera compra venta, se le ponga una anotación en la escritura para que no puedan disponer en cinco años y que solamente puedan vender diez por ciento por encima del precio original de compra. Esta disposición es enteramente inconsttucional, porque no podemos restringir la disposicion de la propiedad privada a un particular” apuntó la diputada panista.
Vera Hernández, destacó que de la forma en que esta redactada la norma, la verificación de su cumplimiento recae en las delegaciones, las cuales no tienen facultades para verificar una Norma de Ordenación Territorial. Puntualizó que para dotar a los Organos Político Administrativos de esas facultades sería necesaria una reforma a la Ley Organica de la Administración Pública Local. Insistió en que la verificación debe recaer en la SEDUVI o en el INVEA pero con procedimientos claros.
Finalmente dijo que la Jefatura de Gobierno debe acceder a escuchar las voces vecinales en el tema de las Normas 30 y 31, porque no es justo que a los ciudadanos se les diga que se busca fomentar la vivienda de interés social cuando en realidad se beneficia a los desarrolladores.
