Sistema Anticorrupción es sancionador pero no preventivo, coinciden expertos
17 de Marzo de 2017
· En Foro Perspectivas del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México, organizado por la diputada Aleida Alavez, se resaltó el papel trascendental de la participación ciudadana en el combate a la corrupción
· La legisladora llama al Poder Legislativo a ser un verdadero contrapeso del Ejecutivo y aplicar la figura de desacato a servidores públicos que se niegan a comparecer
· Edgardo Buscaglia propone Auditorías Ciudadanas “con dientes”
El Sistema Anticorrupción es sancionador pero no preventivo, coincidieron en señalar especialistas que participaron en el Foro Perspectivas del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, organizado por la diputada Aleida Alavez Ruiz.
Expertos como Edgardo Buscaglia, Alejandro López Olvera, Janet Oropeza, Luis Antonio García y Juan Pablo Noguez señalaron que en el tema anticorrupción debe prevalecer la prevención y la educación; participación ciudadana con auditorías ciudadanas “con dientes”, servidores públicos honestos y una verdadera rendición de cuentas, entre otros.
La diputada de MORENA Aleida Alavez Ruiz lamentó que en la Asamblea Legislativa no se aplique la figura del desacato a los servidores públicos que se niegan a comparecer cuando son requeridos. “Ya nos pasó una vez en esta Legislatura y no pasó nada”, señaló.
Por ello, llamó a avanzar para que el Poder Legislativo sea un verdadero contrapeso del Ejecutivo y llame a la rendición de cuentas a todos los servidores públicos que sea necesario. No es una batalla electoral, no es una batalla contra el gobierno, sino aplicar una verdadera rendición de cuentas, “porque la clase política presenta resistencias que debemos combatir”.
La diputada Olivia Gómez señaló que no cree en la implementación de un sistema anticorrupción como tal, sino en la necesidad de crear un delito específico que se castigue con la pérdida de la libertad. Por ello, adelantó que trabajan en la tipificación penal que describa con precisión el concepto de corrupción.
El especialista Edgardo Buscaglia resaltó que la participación ciudadana es clave para combatir la corrupción; sin embargo, ésta debe establecer las auditorías ciudadanas “con dientes”, que además de vigilar la aplicación de los recursos públicos y la actuación de los servidores públicos, presente sus auditorías al Poder Legislativo, que deberá atenderlas de la misma manera que lo hace con las que realizan la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Al abordar la corrupción en materia electoral, afirmó que en el Sistema Nacional Anticorrupción no existen los elementos para auditar el financiamiento de precampañas y campañas electorales; no hay obligatoriedad para realizar este tipo de auditorías, no se sabe de dónde sale el dinero o hacia dónde va, lo que en lugar de combatir la corrupción, la incrementa.
Por ello, dijo, se deben incluir una Ley General de Participación Ciudadana que incluya las auditorías ciudadanas de presupuesto, judiciales, ciudadanas-electorales; una Ley General de Financiamiento de Partidos Políticos y de Candidaturas Políticas --que hoy en México “es una simulación mafiosa”—; una Ley General de Procesos Electorales y de Partidos para que partidos y candidatos se sometan a auditorías ciudadanas, de la Auditoría Superior, de las contralorías y FEPADE e INE; una Ley General de Controles Legislativos y una política pública para aterrizar los derechos humanos.
Por su parte, el investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Alejandro López Olvera, celebró que el Derecho Humano a la Buena Administración se establezca en la Constitución de la Ciudad de México.
Este derecho, explicó, se refiere al cumplimiento de sus funciones de las autoridades legislativas y judiciales. Además, crea la Sala Especializada en el Tribunal de Justicia Administrativa encargada de recibir demandas por violación al derecho humano a la buena administración.
De aquí, agregó, podemos tomar muchos elementos para crear el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
También dijo que se debe trabajar en el tema de la educación a partir de valores, principios y respeto a la dignidad de las personas, acotando la secrecía y discrecionalidad en las leyes de transparencia.
Por su parte, el director general de Contralorías Internas de la Contraloría General de Contralorías, Luis Antonio García Calderón señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción no consideró a diversos actores de la sociedad, como a las entidades federativas, por lo que es un reflejo de un modelo federal que no es malo, pero sí acotado.
Se perdieron puntos importantes como la participación de los sectores privado, social, civil y académico que podrían haber refrendado este tema. Ahora estamos en la imposibilidad de aportar ideas porque las entidades federativas debemos establecer su sistema local anticorrupción en el contexto de leyes generales.
Resaltó que se debe trabajar en la armonización legislativa y la integración jurídica, así como atender cambios estructurales que deben ser atendidos.
La investigadora de Fundar, Janet Oropeza Eng, coincidió en la trascendencia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué y cómo se gastan los recursos públicos.
Lamentó que la corrupción cuesta vidas porque afecta el goce de los derechos, “cuesta vidas porque no hay medicinas, porque no hay dinero para tratamientos”. Mencionó que de acuerdo con estadísticas, 16 por ciento de los ingresos de las familias se dedican a actos de corrupción.
Como un ejemplo de participación ciudadana señaló a la Ley 3de3 y que el Sistema Nacional Anticorrupción y los locales serán presididos por un Comité de Participación Ciudadana que no serán electos por los partidos y podrán presentar propuestas de políticas públicas contra la corrupción.
El director de Auditoría de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Juan Pablo Noguez, resaltó que la prevención y la educación con la ética como eje principal, es trascendental en la lucha contra la corrupción. Aunado a esto, pidió adoptar en reformas legislativas un marco efectivo de denuncias, alentando una cultura de transparencia e integridad que apoye a quienes toman riesgos al revelar irregularidades.
Por ello, dijo, el Legislativo tiene un desafío importante ante la dimensión y relevancia que implican la creación y reformas a los ordenamientos legales. Pidió unir esfuerzos institucionales que apoyados por la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización fortalezcan la confianza de los ciudadanos tanto en las Instituciones como en la prácticas de gobierno.
