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SOLICITA PLENO DE LA ALDF ACCIONES PARA MEJORAR CONDICIONES DE MUJERES RECLUSAS EN CENTROS PENITENCIARIOS



09 de Abril de 2015

Boletín # 075

• Aprueban diputados punto de acuerdo presentado por la diputada Olivia Garza de los Santos

• Asimismo, solicitan la concreción del Instituto de la Diabetes en el DF


El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó solicitar a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ambos del Distrito Federal, reforzar y adoptar medidas para mejorar las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, y a las niñas y los niños que viven con madres internas asegurando que gocen de todos los derechos que les corresponden su calidad de internas.

Al presentar el punto de acuerdo, la diputada del PAN, Olivia Garza de los Santos, indicó que de acuerdo con un informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana, destacan las deficientes condiciones materiales, insuficiente personal técnico y de seguridad, falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros, insuficiencia de los servicios, falta de atención médica, prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas, en algunos casos, falta de apoyo para centros de desarrollo infantil, falta de programas para la atención de personas con adicciones, desigualdad entre las áreas varonil y femenil, alimentación deficiente, maltrato, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros de privilegios, inadecuada separación y clasificación, aplicación discrecional de sanciones disciplinarias e inexistente manual de procedimiento.

Por ello, la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios resaltó que la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.

“El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que de manera paulatina sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación, por lo que es obligación del Estado garantizar a las personas que se encuentran privadas de la libertad, la salvaguarda de sus derechos humanos, así como otorgarles condiciones de vida digna al interior de los centros de reclusión y como tal esta obligación es independiente de la situación jurídica de los internos”, puntualizó.

Asimismo, en sesión ordinaria, se aprobó el punto de acuerdo suscrito por la diputada perredista Ana Julia Hernández para solicitar al titular de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal realizar los estudios necesarios, en puntos con mayor congestionamiento vial en la delegación Xochimilco y colindantes, a efecto de crear, redistribuir, modificar y adecuar las vialidades en coordinación con las autoridades competentes y garantizar el efectivo derecho a la movilidad de las y los habitantes de esta demarcación.

La legisladora expuso ante el Pleno legislativo que en temas de transporte y movilidad es tan importante el tiempo como la forma, por lo que la seguridad, la eficiencia y las condiciones de transporte también inciden en la calidad de vida de los habitantes. Agregó que en una metrópoli tan grande como la Ciudad de México, los problemas de movilidad ocasionados por su crecimiento desorganizado provocan graves afectaciones en la salud y el medio ambiente, sin considerar los tiempos perdidos que derivan en improductividad laboral.

Los diputados acordaron también solicitaron al gobierno del Distrito Federal realizar las acciones correspondientes para concretar la creación del Instituto de la Diabetes de la ciudad, así como la expedición de su reglamento, establecidos en la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el DF, aprobada en 2013.

La propuesta de los diputados del PAN, Federico Döring Casar y Orlando Anaya González, señala que si bien ambas disposiciones forman parte del ordenamiento jurídico aprobado, hasta el momento no se han llevado a cabo, por lo que solicitaron al gobierno capitalino cumplir con dicha disposición, a fin de atender el grave problema que representa la diabetes en la capital del país y que afecta a poco más de 600 mil personas.

Al presentar el punto de acuerdo, el legislador Anaya González indicó que la Ciudad de México es la entidad del país que tiene más muertes asociadas con la diabetes y que un capitalino que vive con la afección, gasta aproximadamente dos mil 500 pesos mensuales para su tratamiento, contrastando con la pensión que recibe, que es de cerca de mil pesos.

En este contexto, destacó que el Instituto de la Diabetes tendría como objetivo principal coordinar las acciones respecto a la educación, prevención, detección temprana, diagnóstico integral, tratamiento efectivo, prevención de complicaciones y técnicas modernas de tratamiento de esta enfermedad.

Sin embargo, señaló, “hasta el día de hoy, podemos observar que ni el reglamento, ni el propio Instituto de la Diabetes han sido creados por medio de las autoridades correspondientes del GDF. En virtud de la cifra tan alta de capitalinos que sufren diabetes, y de la tasa de mortalidad que representa en nuestra ciudad dicha enfermedad, es sumamente importante que se emprendan las medidas necesarias para crear el Instituto de la Diabetes, y que se expida de manera urgente el reglamento del órgano multicitado”, señaló.

En la sesión, se aprobó, además, otra propuesta de la diputada Julia Hernández Pérez para solicitar al Jefe Delegacional en Xochimilco, y a los titulares de la secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Medio Ambiente, para que en el ámbito de sus respectivas competencias informen a la ALDF si existen los permisos y autorizaciones, de conformidad con la normatividad aplicable, para la construcción de una plaza comercial en el predio ubicado en los límites de la calle Capulines, del Pueblo de San Lucas Xochimanca y calle Maíz del Pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, en la delegación Xochimilco.

El documento destaca la necesidad de realizar mesas de trabajo, con los sectores involucrados, a fin de analizar el impacto económico, ambiental y social que trae la construcción antes mencionada y, en su caso, se propongan obras de mitigación.