SOLICITAN A LEONEL LUNA Y SACM INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE “PIPEROS” DE AO
28 de Mayo de 2014
La diputación permanente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad la solicitud institucional que presentó la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, para que tanto la jefatura delegacional de Álvaro Obregón, como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informen al órgano legislativo el padrón o registro de todos y cada uno de los carros-tanque o pipas, así como sus rutas, mecanismos de distribución a los que se sujetan, permisos o autorizaciones expedidas para su operación, además del número y localización de fuentes de abastecimiento y carga de los autotanques que operan en la demarcación.
Esto tras los hechos ocurridos el pasado miércoles 21 de mayo en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, donde más de mil granaderos irrumpieron en las calles intimidando a la comunidad por ordenes del delegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, para imponer la realización de una obra hidráulica sin el consenso de la Asamblea de Pueblos.
Por ello la legisladora Polimnia Romana, consideró indispensable conocer a detalle esta información, pues las autoridades Delegacionales han insistido en desviar su responsabilidad en los actos de violencia, señalando una y otra vez a los piperos de estar detrás del conflicto.
En este contexto agregó “Es derecho de la ciudadanía el participar y hacer uso de los mecanismos institucionales, democráticos y participativos para la solución pacífica, a través del diálogo, el respeto y la participación ciudadana, para con esto contribuir a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, por lo que debiera considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión y capacitación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana”.
En conclusión Sierra Bárcena subrayó la obligación del Estado para garantizar el acceso al agua de todos los ciudadanos sin importar su condición social y económica, pues éste es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de México.
