SOLICITAN TRANSPARENTAR USO DISCRECIONAL DE RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES
19 de Octubre de 2014
La diputada local del PRI, María de los Ángeles Moreno, propuso reformar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (LPGEDF), para obligar al Gobierno Central a transparentar los subsidios y apoyos económicos otorgados a la población de bajos recursos a través de diversos programas sociales.
Aseguró que el objetivo es evitar que la administración pública de la ciudad maneje con discrecionalidad y opacidad el padrón de beneficiarios de los diversos programas, ya que la ley y sus reglas de operación actualmente no establecen la obligatoriedad de reportar el ejercicio de los recursos.
Al presentar una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 97 de la citada ley, Moreno Uriegas reconoció que la LPGEDF publicada el 31 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es un avance importante para la capital del país.
Sin embargo, abundó, hay más por hacer, en el tema de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos de la administración pública en los subsidios, donativos y apoyos para revertir la desigualdad en la distribución del ingreso a las personas de menos ingresos.
Dijo que la entrega de apoyos sociales no siempre es clara y su aplicación tampoco, por lo cual planteó adicionar una fracción a dicho artículo para que en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, el Gobierno del Distrito Federal detalle el destino y el importe de los apoyos sociales.
La asambleísta del PRI dejó claro que, “en la democracia del Siglo XXI, la transparencia y rendición de cuentas, son elementos fundamentales, como un sistema de pesos y contrapesos para garantizar que el gobierno rinda cuentas de sus actos y de sus decisiones en las conducción de las finanzas públicas”.
Recordó las palabras del director de “Integra”, Luis Carlos Ugalde, quien establece que “la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario en específico, sino la práctica de colocar la información en la ´vitrina pública´ para que los interesados puedan revisarla, analizarla, y en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior”.
