SUGIEREN PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE INMOVILIZADORES
02 de Abril de 2013
La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Miriam Saldaña, presentó hoy ante el Pleno un punto de acuerdo para atender las quejas ciudadanas sobre la actitud de algunos servidores públicos encargados de colocar los candados inmovilizadores vehiculares, comúnmente conocidos como “arañas”.
El protocolo de actuación, dirigido a los conductores de vehículos automotores, deberá contener el procedimiento de manera clara y sencilla que los servidores de la Secretaría de Seguridad Pública tendrán que llevar a cabo en caso del uso de candados inmovilizadores vehiculares.
De esta manera se busca poner fin a la preocupación, indignación y molestia de algunos automovilistas, no sólo por desconocer el procedimiento que se tiene que seguir después de ser sancionados, sino también por las actitudes asumidas en ocasiones por los servidores encargados de instalar los candados inmovilizadores.
Asimismo, se propone la creación de una “Cartilla de derechos del conductor vehicular” que manifieste los derechos y obligaciones de las y los conductores a quienes se les imponga una infracción vehicular, con el fin de que dicho procedimiento garantice los principios de eficiencia, honestidad, justicia y respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
Del 2010 al 2011 se tienen datos de que los inmovilizadores de vehículos, han generado aproximadamente 41 millones 396 mil 710 pesos en multas, únicamente en las Colonias Juárez y Cuauhtémoc; sin embargo, no se cuentan con datos actualizados por el uso de estos dispositivos.
“Tengo la firme convicción de que mediante la transformación de actitudes y el incremento de aptitudes del personal operativo que coloca los candados de seguridad vehicular, conocidos como “arañeros” de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y auxiliados por una empresa, se podrá mejorar la relación con la ciudadanía” señaló la Diputada Miriam Saldaña.
El punto de acuerdo fue turnado, para su análisis, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
