Trabajo imparcial y objetivo en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, garantizó Israel Betanzos
06 de Noviembre de 2016
· Conminó a diputados de Morena a exponer sus argumentos en comisiones
· Reiteró su respeto a la libertad de manifestación y aseguró que en ningún sentido se intenta criminalizar la protesta social ni soslayar iniciativas
Sin sesgos políticos ni intenciones ajenas a las que corresponden a sus responsabilidades, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) trabaja y determina por el consenso de sus integrantes los dictámenes de las iniciativas que presentan los diferentes grupos parlamentarios, aseguró su presidente, Israel Betanzos Cortes.
Enfatizó que las reformas que se turnan a la comisión son observadas con objetividad e imparcialidad, siempre preservando el bien jurídico que tutelan, y que ninguna decisión se asume por consigna ni responde a intereses personales o de grupo, y menos aún, se congelan iniciativas.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ALDF rechazó las afirmaciones del diputado César Cavrioto Romero y lo conminó a exponer y defender sus argumentos en las comisiones del órgano legislativo.
Puntualizó que la ausencia de representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el trabajo de comisiones les impide conocer el análisis y las importantes aportaciones que hacen la Procuraduría General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos sobre iniciativas como la Ley de Amnistía, que propone ese partido, para definir consensos.
Betanzos Cortes garantizó que en ningún sentido se intenta criminalizar la protesta social ni soslayar iniciativas de los grupos parlamentarios. Afirmó que en la comisión que preside el interés prioritario es que ninguna reforma a la ley vaya en contra de los principios y las garantías constitucionales que tienen los individuos.
Descartó asimismo que su iniciativa de reformas al artículo 362 del Código Penal para aumentar las penas sobre el delito de ataques a la paz pública, sea producto de una visión represora, como lo expuso el coordinador de los diputados de Morena.
Dijo que la reforma tiene el propósito de proteger los bienes jurídicos que son el orden social, el normal desarrollo del régimen político democrático, la sana convivencia, el respeto y por supuesto el derecho de todos los ciudadanos a vivir en plena libertad, paz y tranquilidad.
Recordó que la reforma contempla sancionar de diez a treinta años de prisión, suspensión de derechos políticos por veinte años y dos mil días de salario mínimo, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que perturben la paz, intimiden a la sociedad o menoscaben la autoridad del gobierno de la ciudad.
Reiteró su respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y manifestación, pero advirtió que no se debe permitir que bajo el argumento de participar en una protesta social, se cometan actos vandálicos en contra de los bienes de ciudadanos y del patrimonio de la ciudad.
