TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE DICTÁMENES, LOS DOS GRANDES PENDIENTES DE LA ALDF EN SU ÚLTIMO PERIODO DE SESIONES
01 de Febrero de 2015
A unos meses de concluir la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Vidal Llerenas dijo, que durante el último periodo de sesiones, es fundamental revisar dos temas de gran relevancia; transparencia y publicidad de dictámenes.
Al asegurar que se trata de los dos grandes pendientes de este órgano legislativo, el perredista destacó que en aras de ser un parlamento comprometido con las mejores prácticas parlamentarias, es indispensable, por un lado, publicitar previamente los dictámenes a votar, así como demostrar el compromiso que se tiene con la transparencia en el mismo.
"Hace unos meses, presentamos una iniciativa para dar primera lectura a los dictámenes de este órgano legislativo, pero ésta no ha sido analizada ni discutida. Es indispensable acompañar las reformas en materia de transparencia con este tipo de modificaciones que hagan de la Asamblea Legislativa un parlamento más abierto" .
Por un lado, el referente a la transparencia. El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública. De acuerdo con un artículo transitorio, el Congreso de la Unión debe expedir una Ley General de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades de todos los niveles de gobierno. El objetivo de esta ley es establecer las bases, principios generales y procedimientos en la materia para todas las autoridades y órganos de gobierno.
Cabe mencionar que durante este tiempo, se presentaron varias propuestas de Ley General de Transparencia. Por un lado, está la que envió el propio IFAI al Senado, Cámara de origen en el proceso de creación de esta ley. Y por otro, está un proyecto presentado por senadores de distintos grupos parlamentarios en la que se incorporaron propuestas de la sociedad civil.
Algunas propuestas hechas desde la sociedad civil son los datos abiertos, declaratorias de inexistencia muy limitadas, la no reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, información accesible para grupos vulnerables, creación de una plataforma nacional de transparencia y de solicitudes de acceso a la información, entre otros temas.
En contraste, la iniciativa de los senadores, al parecer no incluye todas las propuestas hechas por la sociedad civil y sí contempla algunas medidas que han resultado controversiales, como las relacionadas con seguridad y justicia y sanción a órganos que publiquen información.
"Según el mandato constitucional, el Congreso de la Unión debe expedir la Ley General de Transparencia, a más tardar el 7 de febrero del presente año. En espera de que ello suceda, ya es posible distinguir en los proyectos de ley las nuevas disposiciones en la materia para los poderes locales", señaló Llerenas.
Agregó que entre las modificaciones que contempla la iniciativa de los senadores está la ampliar los sujetos obligados. Así, todas las áreas que integran los poderes ejecutivos locales, desde los órganos de gobierno como lo son la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, hasta los Grupos Parlamentarios, las Comisiones y las Entidades que se encarguen de los procedimientos administrativos y legislativos, serían sujetos obligados por la Ley General de Transparencia.
Es de destacar que en materia de transparencia general, ambas iniciativas presentan un listado de la información específica y adicional que deben publicar los congresos locales.
Entre las obligaciones de carácter general que contempla la iniciativa de los senadores está la de incluir el marco normativo, su estructura orgánica completa con las atribuciones y responsabilidades de cada sujeto, las facultades de cada área, las metas y objetivos por área de acuerdo a sus programas operativos, los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, indicadores de resultados de conformidad con metodologías aprobadas por el Sistema Nacional de Transparencia, la versión pública de las declaraciones patrimoniales, las convocatorias a concursos para ocupar cargos e información detallada de los programas de subsidio, infraestructura social estímulos y apoyos.
"Además del directorio de servidores públicos y su remuneración, también se deben incluir las condiciones generales de trabajo, contratos que regulen la relación laboral de todo el personal, información curricular de todo el personal y sanciones administrativas a que haya sido objeto, servicios y trámites que se ofrecen así como requisitos y formatos. Igualmente, el listado de jubilados y pensionados e ingresos recibidos por cualquier concepto".
Respecto al presupuesto, debe ser pública la información financiera sobre el presupuesto asignado así como los informes sobre el ejercicio trimestral en términos de la Ley General De Contabilidad Gubernamental. Destaca que también debe ser pública la información detallada relativa a la deuda pública contraída, montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad desglosada, informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y sus respectivas aclaraciones.
En el mismo sentido, también debe ser pública la información detallada relativa a contratos celebrados, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, adjudicaciones. Licitaciones e invitaciones, así como padrón de proveedores y contratistas, convenios de coordinación, e inventario de muebles e inmuebles. De igual manera, estadísticas e informes de avance programático o presupuestal, balance general y estado financiero. También las resoluciones, laudos, evaluaciones, encuestas, mecanismos de participación ciudadana, estudios realizados con recursos públicos y anteproyectos de leyes.
En cuanto a transparencia específica, los poderes legislativos de las entidades federativas, quedarían obligados a publicar la agenda legislativa; la Gaceta Parlamentaria; el Orden del Día; el Diario de Debates; las versiones estenográficas; la asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; las iniciativas de Ley o decretos, puntos de acuerdo, así como la fecha en que se recibieron, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas. También, las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités, y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto en votación económica, y por cada legislador en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración.
Destaca la inclusión de las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa; y, finalmente, el padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.
La iniciativa del IFAI también contempla la inclusión de la integración de los grupos parlamentarios, así como el inventario de sus bienes muebles e inmuebles, y el listado del personal que labora para ellos, especificando cargo o puesto, remuneración, independientemente de la modalidad de pago, contratación o servicios contratados por el grupo parlamentario; todo apoyo económico, logístico o material que se le brinde a los grupos parlamentarios; los nombres, fotografía y currículo de los legisladores, incluyendo los suplentes, así como las comisiones o comités a los que pertenecen y las funciones que realicen en los órganos legislativos; el monto ejercido y detallado de recursos públicos que se destinen para los informes de actividades de cada uno de los legisladores; las partidas presupuestales y montos asignadas a los grupos parlamentarios, las comisiones o comités, la mesa directiva, la junta de coordinación y los demás órganos del Congreso, y los responsables de ejercerlas, así como un informe sobre su ejecución. También dicha iniciativa contempla la publicación del padrón de cabilderos, situación que no se realiza como debiera en ningún órgano legislativo.
"Es indispensable estar pendientes de en qué términos queda la iniciativa final para que la ALDF realice de inmediato los cambios necesarios. O incluso, adelantarse a realizar las modificaciones pertinentes. En su momento, dichos cambios deben ser en el sentido de proteger y garantizar en todo momento el derecho a la información de las personas como un derecho humano", concluyó el legislador.
