TSJDF Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEBEN INFORMAR SOBRE LA INVERSIÓN DE 110 MILLONES DE PESOS CON SOCIEDAD FICREA
01 de Abril de 2015
Derivado de la suspensión de la Sociedad Financiera Popular denominada FICREA, y en virtud de que no permitía a esta identificar el origen de los recursos recibidos, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Olivia Garza de los Santos presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al Tribunal Superior de Justiciadel DF,y al Consejo de la Judicatura del DF, un informe detallado sobre los términos en que se hizo la inversión de 110 millones de pesos con dicha sociedad.
La Vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia señaló que la financiera FICREA nunca proporcionó datos que avalaran que los recursos provenían de acreditados legítimos por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la intervino, a fin de preservar los recursos de los ahorradores derivado de las operaciones irregulares que efectuaba la institución financiera no bancaria, triangulando recursos a través de su subsidiaria Leadman Trade.
“La superioridad de FICREA frente a algunos bancos no solo se reflejaba en el nivel de activos, sino que también en el tamaño de su cartera de crédito vigente, la cual era más grande que la de 15 bancos y al momento de su intervención ascendía a 5 mil 51 millones de pesos” mencionó”
Garza de los Santos enfatizó en que siete mil 300 ahorradores fueron afectados por el fraude que realizó FICREA y estos solo cuentan con un seguro especializado para las sociedades financieras populares, entre estos defraudados se encuentra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien invirtió más de 110 millones de pesos, recursos que ciudadanos implicados en juicios civiles depositaron en la Dirección General de Consignaciones como garantía de cumplimiento a sus obligaciones durante el proceso.
“Como entidad gubernamental no debieron haber hecho la inversión en esa institución, pues ya que las financieras tienen una prohibición expresa en la ley para captar recursos de organismos gubernamentales, del Poder Judicial, municipios, Gobiernos estatales, federal e incluso organismos desconcentrados o descentralizados”
Finalmente la diputada panista dijo que ningún servidor público esta exento de la responsabilidad imperiosa de realizar su trabajo con honradez, es una necesidad salvaguardar la legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.
“Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas” Concluyó.
El instrumento legislativo fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y discusión.
