Urge cerrar el paso al uso indebido de recursos públicos: Iván Texta
03 de Junio de 2016
· En la presentación del Programa General de Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2015, el diputado perredista destacó la importancia de garantizar la transparencia y rendición de cuentas para recuperar la confianza ciudadana
La correcta fiscalización de los recursos públicos cierra el paso a su uso indebido, fortalece la transparencia, previene actos ilegales y evita que irregularidades queden impunes, señaló el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Iván Texta Solís.
Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF, donde se presentó y aprobó el Programa General de Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2015, manifestó que la transparencia y la rendición de cuentas son principios democráticos que contribuyen a recuperar la confianza ciudadana y a fortalecer la legitimidad de las instituciones, por lo cual se deben impulsar todas las acciones enfocadas a garantizarlos.
“El establecimiento de los programas de auditorías a los entes de gobierno sistematiza la labor de los órganos fiscalizadores, facilita la revisión en tiempo y forma y tiene el potencial de prevenir actos ilegales en el ejercicio de la función pública”, aseguró el diputado perredista tras subrayar que la correcta fiscalización, revisión y vigilancia de los recursos públicos constituye un paso firme hacia el establecimiento de gobiernos abiertos.
Refirió que una de las encomiendas principales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que él preside en la ALDF, es la aprobación del Programa General de Auditorías y el ejercicio de fiscalización a fin de constatar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos asignados a los órganos de la administración pública local. Una correcta fiscalización, indicó, ayuda a identificar áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública.
El diputado local recordó que la revisión de la Cuenta Pública local, como un mecanismo de control y evaluación de los programas gubernamentales, junto con la aprobación del Presupuesto de Egresos, son responsabilidad de la Asamblea Legislativa, para lo cual se apoya en la Auditoría Superior de la Ciudad de México, como lo establece el artículo 122, inciso C, base primera, fracción V, de la Constitución.
El asambleísta expuso que los órganos fiscalizadores son los principales entes de vigilancia sobre el ejercicio del gasto público, situación que favorece la transparencia, permite una mejor planeación y distribución de los recursos que pertenecen a las y los capitalinos, desincentiva la corrupción y fortalece el sistema democrático de gobierno.
Texta Solís agregó que la fiscalización permite detectar errores en el registro de operaciones y posibles desviaciones en el gasto público o irregularidades cometidas por funcionarios, haciendo posible su denuncia y sanción, así como el combate a la impunidad frente a los malos manejos.
Explicó que las observaciones emitidas a través de la fiscalización permiten a los órganos internos de cada institución fincar responsabilidades a sus funcionarios, aplicar sanciones administrativas, solventar errores, exigir la reparación del daño, e incluso iniciar procedimientos penales para cerrar el paso a la impunidad.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Leonel Luna Estrada, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la ALDF, comentó que con la presentación del Programa de Auditorías da inicio una revisión integral del uso de recursos ejercidos por el Gobierno de la Ciudad, las jefaturas delegacionales y los entes públicos.
Aseguró que la revisión se llevará a cabo con 186 auditorías autorizadas y previamente revisadas por la Comisión de Gobierno de la ALDF y 11 más a realizarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), atendiendo las leyes locales y nacionales en la materia. La novedad de este ejercicio, indicó, es la realización de auditorías ambientales y de tecnologías de la información, así como la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los entes públicos.
El también presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF expresó que el programa busca el fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas a prevenir la corrupción, situación que se ha logrado con el acompañamiento de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), derivado de lo cual se han realizado acciones legislativas con miras a construir un andamiaje jurídico para este fin, mismas que se entregarán al Grupo Redactor de la Constitución de la CDMX.
Por su parte, David Manuel Vega Vera, titular de la ASCM, dijo que la presentación del Programa General de Auditorías atiende la línea constitucional y los 30 días naturales establecidos en la Ley de Fiscalización para la revisión de la Cuenta Pública, de ahí que se realizara en esta fecha como parte de un mandato superior, situación que coloca a la Ciudad a la Vanguardia ya que se adelantaron los tiempos para este fin gracias a las acciones legislativas de la ALDF.
Además, manifestó que para el diseño del programa se tomaron en cuenta normas nacionales e internacionales en materia de fiscalización y se incluyó en un 80% la opinión de la ciudadanía. En este sentido, afirmó que se atienden los 5 ejes del Plan de Desarrollo capitalino, en el cual se incluye la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, acción que permite marcar una ruta nacional en cuanto a la auditoria gubernamental.
En tanto, la diputada perredista Elena Edith Segura Trejo destacó que la entrega del Programa realizado en tiempo y forma es acorde a las políticas de rendición de cuentas y combate a la corrupción, con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana sobre el manejo transparente de los recursos y avanzar en el andamiaje constitucional para mejorar las prácticas de rendición de cuentas.
En la quinta reunión de trabajo participaron la diputada Nora del Carmen Arias Contreras del PRD; Ernesto Sánchez Rodríguez del Partido Acción Nacional (PAN); Adrián Rubalcava Suárez e Israel Betanzos Cortes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Antonio Xavier López Adame del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
