URGE TERMINAR CON LA MARAÑA LEGAL SOBRE LA POSESIÓN DEL PARQUE REFORMA SOCIAL EXHIBIENDO ESCRITURAS PUBLICAS
19 de Noviembre de 2015
Para desenredar la maraña legal en torno a la posesión del Parque Reforma Social, determinar oficialmente los linderos, la extensión exacta del terreno, asegurar su denominación como área verde y evitar un gran conflicto social, es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), solicite al Archivo General de Notarios Públicos la escritura pública que avale la propiedad real, manifestó la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
Al referirse al litigio de ese terreno que lleva más de 40 años en los juzgados, Ana Juana Ángeles propuso llegar a la verdad jurídica del caso con pruebas fehacientes y no con argumentos de oídas” como lo manifestó el diputado Víctor Hugo Romo Guerra al exponer un Punto de Acuerdo donde exhortó al Juez Cuarto de Distrito, David Rodríguez Mata, para que este no otorgara el cambio del uso de suelo del Parque Reforma Social, de área verde a uso habitacional y comercial.
La legisladora dijo que el Parque debe preservar su carácter de área verde en beneficio de los habitantes de la zona circunvecina y de la capital del país por tratarse de un vergel que ayuda a limpiar la contaminación ambiental y por tener características de ser un sitio de utilidad pública del que la ALDF tiene la obligación de ser garante.
Destacó que no se debe caer en la irresponsabilidad de intentar torcer las atribuciones de la Asamblea al grado de una tentativa de tráfico de influencias al pedir a un juez considere antecedentes históricos, servicios ambientales y comunitarios que el parque presta a los ciudadanos, para no modificar el uso de suelo de área verde a mercantil y habitacional cuando esa tarea jurídica no le corresponde.
Hizo notar que en su oportunidad, Víctor Hugo Romo Guerra, al presentar un Punto de Acuerdo sugirió al Juez Cuarto de Distrito, “no otorgar el cambio de uso de suelo al Parque Reforma Social”, cuando no es competencia de la ALDF exhortar a un juez a emitir un juicio cuando a él le corresponde ser imparcial y resolver con apego estricto a las leyes constitucionales y no por recomendación.
Precisó que en 1946, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal pagó a Carlos Cuevas Lascurain la cantidad de 418 mil 830 pesos y diez centavos, por las tierras en las que habría de crearse, dos décadas después, la colonia Reforma Social y, una década más tarde, el parque del mismo nombre, en la frontera con el fraccionamiento Lomas de Chapultepec. Lo anterior, añadió, consta en la escritura 1613,
Explicó que al concretar la compra venta, las partes consideraron que el precio señalado fue justo y legal, por lo que no existe enriquecimiento ilegítimo de ninguna de ellas, en perjuicio de la otra”.
Por un error intencional el Parque Reforma Social quedó fuera de dicha transacción y la única forma con la que las autoridades podrían resguardarlo sería adquiriéndolo nuevamente con cargo al erario público y en beneficio de particulares que no cuentan con el título de propiedad.
Ana Juana Ángeles recordó que en julio de 2010 la Consejera Jurídica del Gobierno del DF, Leticia Bonifaz, descartó que la administración capitalina contara con los 117 millones de pesos para volver a comprar el Parque como lo propuso la familia Cuevas Lascuráin y, que en cambio, aceptó que la estrategia fuera convencer a los vecinos para que desistieran de la defensa de este espacio público.
Destacó que los testimoniales de los vecinos aseguraron el trabajo sucio fue encomendado al perito Pablo Acosta Jiménez quien reportó erróneamente que “el polígono al que se refiere la citada escritura” tiene como límite sur “la avenida Tecamachalco” y no el Río Los Morales.
“Pequeño error con el que, sin embargo, se dejó al parque Reforma Social fuera del predio adquirido en 1946.
Con esta artimaña, dijo, era más fácil que los Lascuráin, con el apoyo del gobierno del ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, a través de Leticia Bonifaz y con conocimiento de Miguel Ángel Mancera como Procurador General de Justicia del Distrito Federal se apropiaran de la franja verde codiciada por empresas inmobiliarias nacionales y extranjeras.
José Luis Martínez Monroy, uno de los vecinos defensores del predio destacó que “en la escritura nunca se hace mención a vialidad alguna como límite de la propiedad y, de hecho, para cuando el documento notarial fue elaborado ni siquiera existía dicha avenida”, sostuvo.
Martínez Monroy aseguró que ante los ojos del juzgado, el terreno resultó ser de menores dimensiones a las que la misma escritura establece o, dicho de otro modo: para efectos de este juicio, la escritura notarial tuvo menos valor que el peritaje con el que, paradójicamente, se pretendía constatar si la escritura había sido respetada.
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