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URGEN A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MODIFICAR LA LEY DE VIVIENDA



28 de Marzo de 2016

Boletín # 332

• Complementariamente, proponen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Vivienda aplicar candados al otorgamiento de créditos

La especulación en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México por parte de inversionistas privados que adquieren viviendas de interés social construidas con subsidios gubernamentales para personas de escasos recursos económicos, viola la Ley de Vivienda, por lo que urge que la Asamblea Legislativa la modifique y adecue.

Como complemento, es necesario que a la Norma 26, que es la que tendría que regular los créditos que otorgan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), se le apliquen candados para evitar que los dueños originales vendan el inmueble en tres meses y a un precio mayor al que lo compraron.

Lo anterior fue expuesto durante la mesa de análisis de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en la que participaron las procuradurías Social y Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Autoridad del Centro Histórico (ACH), el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Instituto de Verificación Administrativas (INVEA).

La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, diputada Margarita Martínez Fisher, del Partido Acción Nacional (PAN), informó que en breve presentarán ante el Pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano e incentivar la construcción y mejora de vivienda de interés social, pero advirtió que es preciso combatir la impunidad de las empresas inmobiliarias.

Por su parte, el titular de la PAOT, Miguel Ángel Cancino Aguilar, indicó que hay insuficiencia regulatoria en la construcción de vivienda de la Ciudad de México y que ello requiere dar un giro de 180 grados.

Mencionó como problemas: la falsificación de documentos, la construcción de desarrollos habitacionales no autorizados, uso indebido del amparo, la doble zonificación de áreas verdes-barrancas, la no evaluación del impacto urbano ambiental y de movilidad, obsolescencia de planes y programas urbanos, así como la falta de instrumentos de gestión urbana, y la existencia de asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación.

Propuso que la Asamblea Legislativa promueva una ley para el ordenamiento territorial con una visión sustentable.
Omar Jiménez Cuenca, coordinador jurídico del INVEA, expuso que hay que aplicar un candado para evitar que los compradores de una vivienda de interés social no la puedan vender hasta después de tres años. Con esto, se impediría que los desarrolladores inmobiliarios la acaparen y revendan hasta en el doble de su precio original.

El director de Pro CDMX, Leonardo González Ross, planteó que antes de autorizar la construcción de proyectos de vivienda, hay que generar condiciones de habitabilidad a través de los servicios públicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, banquetas, alumbrado e infraestructura para la movilidad privilegiando al peatón.

Por otra parte, sugirió a los diputados y diputadas que integran las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Vivienda, incentivar mecanismos para la habitabilidad que contemplen la renta de vivienda en zonas donde exista transporte público multimodal que facilite la movilidad, y que se encuentren cerca de áreas de oficinas públicas y privadas, sobre todo en el Centro Histórico.

Al respecto, el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Jesús González Schmal, mencionó la posibilidad de repoblar el Centro Histórico en hasta 300 mil personas a efecto de asegurar el mantenimiento de edificios catalogados como históricos y que hoy se encuentran en situación de alto deterioro.

Asimismo, exhortó a inversionistas privados para que junto con el gobierno acudan al rescate de inmuebles que hoy están ocupados por comercios, bodegas o se encuentran abandonados.
En su oportunidad, Mario David Landgrave Castillo, en representación del procurador Social del Distrito Federal, Guillermo Orozco Loreto, resaltó que el destino fatal de la Ciudad de México ha llegado a su fin, porque ya no hay tierra donde construir vivienda y ahora el crecimiento tiene que ser hacia arriba.

Advirtió que el acceso a la vivienda, que es un derecho, conlleva el problema de que, entre más se construya, más difícil será la dotación de servicios públicos como el agua; además de que el crecimiento urbano constituye una presión sobre los recursos naturales e hídricos, lo que obligaría a crear programas de rehúso de agua pluvial y recarga de acuíferos.

Griselda Martínez Vázquez, directora general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, agregó que hay que fortalecer el espíritu de la Norma 26 para hacer que los beneficiarios sean realmente las personas de escasos recursos que logran acceden a créditos y que no se de la especulación en la compra-venta de vivienda de interés social.

Explicó que en la Ciudad de México este tipo de vivienda fluctúa entre los 600 y 800 mil pesos, y que, tras ser revendida, se llega a cotizar hasta en 1.5 millones de pesos.

Propuso un plazo de diez años en caso de que el dueño original la quiera vender, ya que las hipotecas que otorgan instituciones como INFONAVIT Y FOVISSSTE son hasta por 30 años.

En su opinión, hay que modificar la Ley de Vivienda y normar el valor del uso de suelo, lo que corresponde a las autoridades y a la Asamblea Legislativa.