URGEN A GDF, CDHDF Y TSJDF CUMPLAN CON LA RECOMENDACIÓN DE CNDH EN CASO GÓNGORA
22 de Octubre de 2013
A fin de garantizar la protección de los derechos humanos a niños y niñas de la Ciudad de México y con el objetivo de corroborar que se efectúe la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al caso Góngora Pimentel, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Laura Ballesteros Mancilla, solicitó a diversas autoridades del DF un informe detallado sobre la aceptación y cumplimiento de la recomendación 32/2013.
A través de un Punto de Acuerdo presentado ante el pleno de la Asamblea Legislativa, la diputada del GPPAN señaló: “En un estado democrático, es primordial que la protección de los derechos humanos se garantice y que el daño sufrido por las violaciones a estos derechos, ya sea por la acción u omisión de los órganos de gobierno o de los funcionarios públicos, se repare de manera integral. Y aunque parece que nos enfrentamos a la paradoja de reparar lo irreparable debemos buscar un componente de restitución integral válido, que sea acompañado de otras medidas, para tratar de corregir los impactos de la violación a los derechos humanos”.
Cabe recordar que a mediados del presente año fue ventilado en diversos medios de comunicación el proceso judicial en el que se encuentra envuelto el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, quien ha sido señalado por haber cometido presuntos o supuestos actos irregulares y/o delictivos en agravio de dos hijos suyos, menores de edad y de la madre de éstos. Debido a esto, la madre de los menores, Ana María Orozco Castillo, presentó diversas quejas ante la CDHDF, misma a la que por más de un año no se le dio el trámite y la celeridad debida, por lo que tuvo que acudir a la CNDH.
Asimismo, el pasado 2 de julio el GPPAN presentó ante la Comisión de Gobierno de la ALDF la “Ley Antigóngora”; dos iniciativas de reformas a los Códigos Civil y Penal del Distrito Federal para evitar que servidores públicos, sobe todo quienes son ex Presidentes de la República, ex Gobernadores, ex Jefes de Gobierno y ex Ministros de la Corte, hagan uso de sus influencias en asuntos legales. Al tiempo que los legisladores presentaron en días posteriores la denuncia sobre el caso ante la CNDH.
Posteriormente, el 27 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Edgar Elías Azar y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La CNDH recomendó que se implementen las acciones necesarias para reparar el daño a las víctimas en el caso Góngora Pimentel; que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y sus familiares, se les ofrezca una disculpa institucional lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos; al Jefe de Gobierno del DF y al Presidente del TSDJ se les pide colaborar con la CNDH en el trámite de la queja que se promueva en contra de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que intervinieron en los hechos.
Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se le solicita investigar de forma integral, las acciones y omisiones de los servidores públicos del organismo local a su cargo en agravio de la esposa del ex Ministro Góngora y de sus hijos; y adoptar las acciones necesarias para capacitar y/o actualizar a los servidores públicos de su comisión sobre temas referentes a los derechos a la presunción de inocencia, los derechos de las niñas y los niños, así como de las mujeres, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen este caso.
“De acuerdo con los estándares internacionales, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación del daño adecuada, integral y proporcional a la naturaleza del acto violatorio y del derecho violado en la que se contemple: una justa indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y medidas de no repetición”, concluyó Laura Ballesteros.
