URGEN MÁS ACCIONES PARA COMBATIR CORRUPCIÓN
30 de Septiembre de 2011
Entre cuestionamiento sobre las acciones de la PGJDF para combatir la corrupción en los ministerios públicos, la vida criminal y la drogadicción de jóvenes capitalinos, así como resultados del programa de videovigilancia, cultura cívica y participación social, transcurrió la sesión de preguntas y respuestas al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La diputada del Panal, Axel Vázquez Burguette, pidió los resultados de los 7 mil 907 monitoreos realizados por el Programa de Videovigilancia, que opera con 586 cámaras, de las cuales 361 están a cargo de la PGJDF. Solicitó conocer el impacto del Programa de Cultura Jurídica y Participación Social que fomenta la participación ciudadana y la cultura jurídica, al tiempo que preguntó respecto de las deficiencias en materia de protección a víctimas del delito.
El funcionario respondió que el Sistema de Monitoreo hace doble trabajo, porque se verifica la actuación en sitio de las áreas de barandilla de Ministerio Público donde hubo más de 150 intervenciones y en las áreas de atención en mesa de trámite se tuvieron más de 500 atenciones. Aclaró que en áreas de retención de personas se lleva a cabo un monitoreo directo, con cámaras en visitaduría y en el área de Policía de Investigación y no se han tenido incidentes. Para fortalecer el programa cultura y de participación, en el Instituto de Formación, se imparte la cultura de la legalidad desde los comités vecinales hasta servidores públicos.
Por su parte, el diputado del PVEM, José Alberto Couttolenc Güemez, preguntó cómo se ha atendido el tema de las invasiones en lo que va del año en esta administración y qué se ha hecho para la difusión de las reformas en materia de delitos ambientales; qué hace la Fiscalía Especial para combatir la delincuencia ambiental y si existen peritos capacitados para hacer frente a este tipo de delitos.
El funcionario señaló que en el tema de invasiones se ha trabajado con el impulso de operativos donde trabaja la Fiscalía de Delitos Ambientales y en algunas ocasiones acompañado de la PAOT. En lo que va del año, con un saldo blanco, se han liberado más de 530 mil metros cuadrados de área natural protegida y más de 500 mil de suelo de conservación, prácticamente un millón de metros cuadrados recuperados que en un alto porcentaje corresponde a este tipo de suelo.
En tanto la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, denunció la existencia de prácticas de corrupción al interior de las agencias del Ministerio Público, donde la impartición de justicia puede ser democrática y expedita sólo a cambio de dinero; por ello, preguntó al procurador si tiene consideradas más acciones drásticas y contundentes para que los ciudadanos perciban que sus denuncias prosperarán en su favor.
En respuesta, el titular de la PGJDF sostuvo que actualmente cuentan con supervisiones internas y externas, entre ellas los visitadores ciudadanos y la que realiza la asociación México Unido Contra la Delincuencia, a través de 20 módulos que monitorean de lunes a viernes el trabajo de los ministerios públicos, a través de encuestas de salida de los denunciantes y usuarios a dichas de oficinas. Asimismo afirmó que cuando haya alguna denuncia en contra de los funcionarios de la PGJDF se actuará con rigor.
El priista Fidel Suárez Vivanco presentó al funcionario un problema sobre la asignación de vales de uniformes y útiles escolares, que involucra a un millón 100 niños en esta ciudad, asunto derivado a la errada aplicación de las reglas de operación. Pidió conocer qué acciones se van a tomar porque las madres de familia siguen preguntando si les van a entregar los vales.
Ante esto, Miguel Ángel Mancera hizo una relación de los encuentros sostenidos con el diputado sobre este tema y aclaró que para atender un caso penal o para dar una respuesta sobre las acciones realizadas, se requiere de una denuncia.
El diputado Carlo Fabián Pizano dijo que los informes de la Procuraduría están incompletos y que en la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2011, realizada por el INEGI, tres de cada cuatro ciudadanos se sienten inseguros en el DF. Aseguró que en la capital del país se vive un miedo silencioso y que la decisión y firmeza que presume la PGJDF sólo son palabras.
Añadió que ocho de cada diez capitalinos perciben a la dependencia como corrupta y deficiente en su labor. Preguntó cuánto tiempo tarda un ciudadano en hacer una denuncia ante la Procuraduría y sobre las responsabilidades de los servidores públicos pidió conocer cuántos han sido denunciados y bajo qué delitos.
En su respuesta, el procurador dijo que la dependencia a su cargo encabeza la creación de un instrumento confiable para medir en índice del delito y que en la citada encuesta no hay una unificación de criterios. Dijo que se trabaja con la Secretaría de Gobernación, la CONAGO y con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en una nueva forma de medir la victimización.
Al formular sus preguntas, el diputado del PRD, José Luis Muñoz Soria, señaló que en la Ciudad de México las instancias de procuración de justicia han mejorado su desempeño en materia de derechos humanos, por lo que preguntó qué tipo de acciones realizan para evitar que la vida criminal represente un incentivo para la población, principalmente para los jóvenes que a temprana edad caen presa no sólo de la delincuencia sino también de la drogadicción. Respecto de la reciente reforma para tipificar el feminicidio solicitó los resultados obtenidos en los últimos meses.
Mancera Espinosa sostuvo que en cuanto a feminicidios han integrado seis averiguaciones previas, cinco consignaciones y uno más está en integración. Agregó que tienen el primer auto de formal prisión por delito de género, resultado de un punto de acuerdo que generó en la aprehensión de los probables culpables, se les consignó y se acreditó que se trataba de un delito de género, por lo que se obtuvo el auto de formal prisión con esa nomenclatura.
En su mensaje final, el procurador aseguró que la incidencia delictiva disminuyó en los delitos de alto impacto y reconoció que la conducción legislativa de la ciudad ha permitido contar con las herramientas normativas indispensables para disminuir esta incidencia.
Resaltó que se avanza en el ataque de raíz de los factores que propician el comportamiento criminal, así como la consolidación de un modelo que privilegia la investigación, análisis y seguimiento de las actividades delictivas. Por ello advirtió que consolidarán la transformación institucional en los modelos de atención “que nos permitan la utilización más amplia de las herramientas tecnológicas”.
