URGEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA NIÑOS
17 de Junio de 2014
En la ciudad de México hace falta que se refuercen las políticas públicas para proteger a la población infantil, quienes se quejan por la falta de salud, justicia, de reinserción social, de educación, pero lo principal que se garantice el respeto de los derechos de las niñas y los niños de la ciudad para coadyuvar en la lucha por la disminución del trabajo infantil.
La Diputada del PRI, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrios Richard, puntualizó que el artículo Cuarto de la Constitución habla de los derechos de los niños y niñas, porque se tiene que cobrar una fuerza y vigencia importante para evitar que éstos sean víctimas de agresiones, violaciones o descuido, que por su edad son vulnerables.
Reconoció que desafortunadamente como la violencia a los pequeñitos es generalizada y la política pública en materia de la niñez no ha sido reforzada ni tampoco respetada, por lo que presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que se adicionen las fracciones IX, X Y XI al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (GDF), y para que se adicione dos párrafos al artículo seis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Es preciso mencionar que esta Iniciativa fue aprobada por la Comisión de Administración Pública Local el pasado periodo extraordinario, para que se diera a conocer al Congreso de la Unión respecto de las reformas al Estatuto de Gobierno y que pueda ser tomada en cuenta en la Reforma Política estructurada al Distrito Federal.
Dijo que este es el instrumento idóneo para garantizar acciones y políticas públicas en favor de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal, de su niñez y de los sectores más vulnerables.
Explicó que de acuerdo con las recomendaciones hechas a México en 2006 por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 2006, se requiere de un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez, expresado a nivel municipal, estatal y federal.
Recordó que el Relator para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez , la situación de riesgo que padecen niñas y niños migrantes no acompañados y solicitó urgente la inversión en políticas públicas que garanticen sus derechos.
En 2011, indicó, hubo 21 mil casos de maltrato infantil registrados por las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales del DIF, de los cuales en 14 mil 289 se comprobó la acción.
Sin embargo, lamentó, sólo se presentaron mil 666 denuncias por estos hechos ante el Ministerio Público.
Dijo la legisladora del PRI, que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
“Existen diversos instrumentos normativos que mandatan la protección de los derechos humanos y del interés superior de la niñez, sin embargo ninguno mandata a una autoridad específica para su cumplimiento”, apuntó.
La presente Iniciativa propone impulsar reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (GDF), disposiciones que son de orden público e interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento, en donde se propone, en base al principio de progresividad, adicionar las fracciones IX, X y XI al Artículo 12, las cuales contienen tres principios estratégicos que deberá considerar el Gobierno capitalino en el desarrollo y organización de sus políticas y administración, los cuales serán.
El principal sustento de la presente Iniciativa, es la reforma realizada al Artículo 1° y 4° Constitucional, en donde al ser el Estatuto de Gobierno la norma de organización, planificación y funcionamiento del Distrito Federal, considerando en el políticas publicación y acciones en favor de los derechos humanos y de la protección del interés superior de la niñez.
