URGEN REFORMAS PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DEL ERARIO
09 de Noviembre de 2015
La diputada Elena Edith Segura Trejo (PRD), afirmó que es común encontrar observaciones sin atender, después de 3 años de la ejecución de autorías, por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; y hasta 5 años posteriores a la comisión de irregularidades detectadas durante el proceso.
Durante la instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la legisladora local dijo que es urgente revisar y analizar la información que se vierta como resultado de los trabajos que realiza la Auditoría Superior de la Ciudad de México; a fin de determinar la viabilidad de una reforma jurídica que permita mayor rapidez, puntualidad y eficiencia en la vigilancia del erario.
En ese contexto, destacó que, en el 2012, se programaron 153 auditorías: 127 financieras, 12 de obra pública y 14 de desempeño; mismas que correspondieron al ejercicio fiscal 2010. En 2013, se hicieron 120 auditorías: 102 financieras, 10 de obra pública y 8 de desempeño. En tanto, en el 2014, se ejecutaron 153, de las cuales, 127 fueron financieras, 12 de obra pública y 14 de desempeño. Y, por último, para 2015, se proyectaron 163 auditorías; de las cuales, 136 son financieras, 12 de obra pública y 15 de desempeño.
Resulta notable que, cualitativamente, la Auditoría Superior de la Ciudad de México superó su trabajo, casi al doble, en comparación con el 2009. No obstante, los logros y alcances no sólo se miden en números, ya que, para los diputados de la Asamblea Legislativa, en su calidad de representantes ciudadanos, es importante saber a quién o quiénes se audita con mayor frecuencia y la razón de estas acciones.
De esta manera, en 2009, se ejecutaron 33 auditorías a dependencias del gobierno central, 21 a delegaciones, a un órgano desconcentrado, 17 a entidades, así como 10 a órganos autónomos. Para el 2014, se realizaron 47 auditorías a dependencias del gobierno central; 51 más a las delegaciones, 10 a órganos desconcentrados, 42 a entidades, 9 a órganos autónomos y 4 a órganos de gobierno.
Así, es posible observar que el incremento de auditorías de 2009 a la fecha se realizó, principalmente, en delegaciones y en las entidades; mismas que tuvieron un crecimiento del 150%, aproximadamente; ya que, en el primer caso, las auditorías fueron de 21 a 51, y en el segundo, de 17 a 42. Esto, mientras que, para las dependencias del gobierno central, sólo se incrementó en un 42%.
Lo anterior, al contemplar que, del año 2009 a la fecha, varias entidades y órganos desconcentrados modificaron su condición jurídica; algunos se extinguieron, como la Comisión de Asuntos Agrarios, el Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal y el Servicio Público de Localización Telefónica, entre otros.
Y por otra parte, se crearon la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Agencia de Gestión Urbana; y la Secretaria Ejecutiva del Mecanismo, Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos; así como la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Con lo cual, se amplió la estructura gubernamental e implicó una mayor realización de auditorías para estas nuevas instancias.
De las auditorías realizadas en 2012, para el ejercicio fiscal de 2010, se emitieron mil 524 observaciones sobre irregularidades cometidas en ese año. Al cierre del 2012, sólo se habían atendido 416 observaciones y quedaban pendientes de atender mil 108. En tanto, al cierre de 2013, aún quedaban sin respuesta 392; y, al finalizar de 2014, se mantenían 143 recomendaciones sin atender. Toda esta información es de observaciones del año 2010.
Desde ese punto de vista, es posible concluir que las normas son tan flexibles, que permiten la existencia observaciones sin atender, después de 3 años de realizada la auditoría y hasta 5 años posteriores a la comisión de irregularidades detectadas, durante el proceso.
Así pues, la tarea de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México es grande, dijo Segura Trejo. Recordó que con las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está obligada a realizar las adecuaciones normativas; e, incluso, a expedir las leyes necesarias para crear el sistema anticorrupción, acorde al Sistema Nacional del mismo nombre, en un periodo no mayor a 180 días, como literalmente lo disponen los artículos transitorios de la reforma constitucional mencionada.
En este orden de ideas, la diputada Segura Trejo apuntó que es importante cuestionar la eficacia y eficiencia de los instrumentos normativos, para permitir, verdaderamente, vigilar el manejo de los recursos de erario, en un tiempo razonable y con oportunidad.
Finalmente, como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, llamó a sus compañeros legisladores a trabajar de manera conjunta con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para que, basados en los resultados obtenidos en los últimos años, se puedan analizar, a la brevedad, las limitantes normativas que impiden resultados eficientes, como la evidente falta de indicadores, en el caso de las auditorías al desempeño; ya que, hace falta la creación de criterios homogéneos, que lleven a mediciones más exactas.
