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URGEN SALVAGUARDAR DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

URGEN SALVAGUARDAR DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

30 de Mayo de 2011

El Diputado Horacio Martínez presentará ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 4, 8, 16, 36 y 63 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, con el objeto de salvaguardar el derecho de los Pueblos originarios al pleno acceso de la jurisdicción del Estado.

En dicha iniciativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, propone en dicha Iniciativa que se mantenga el texto de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal:

Articulo:1X. Proceso electoral: el relativo a la renovación periódica por voto universal, libre, secreto y directo del Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales del Distrito Federal. Se considerarán también aquellos relativos a la renovación de cargos de elección popular en los pueblos y comunidades indígenas, mediante el sistema de usos y costumbres cuando guarden similitud con las etapas de los procesos electorales constitucionales. Así como, se establezcan reglas claras para redimir las controversias.

En conferencia de prensa, señaló que al no existir reglas claras sobre la organización, desarrollo y calificación de los procesos, éstos se ven plagados de irregularidades e inconsistencias que vulneran diversas garantías, específicamente los derechos político electorales de los diversos actores, ésta situación tiene como consecuencia para los pueblos originarios conflictos que alimentan un clima de encono y tensión social.

Lo anterior se debe, a que el pasado 18 de abril de 2011, el Dip. José Valentín Maldonado Salgado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, que propone que los pueblos originarios no puedan acceder la tutela del sistema de medios de impugnación y pelear ante el tribunal electoral del D.F.

Al respecto, Martínez Meza añadió que, la próxima semana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 2/2011, referente al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2010, en donde quedará de manifiesta la poca reflexión de algunos diputados al momento de elaborar y proponer diversas iniciativas de reforma, así como también evidencia que los argumentos no son escuchados, ni valorados.

Al respecto comentó que ha trascendido que se declararan diversos artículos inconstitucionales, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, según el proyecto elaborado por la ponencia del Ministro Salvador Aguirre Anguiano, entre ellos el Artículo 224, el cual indica que el período de precampañas será menor a 50 días, cuando constitucionalmente el límite es de 40 días.
El Art. 213 que a consideración del ministro, el Código Electoral no puede restringir la contratación de publicidad de candidatos en prensa, por teléfono e internet, ya que atenta contra la libertad de expresión.

El Art. 88, es violatorio a la autonomía del Instituto Electoral capitalino debido a que ahí se especifica que el nombramiento del titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización será a propuesta del Contador Mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa, siendo que los únicos facultados para elegir al encargado de investigar los gastos de campaña de candidatos y precandidatos son los consejeros electorales.

Martínez Meza estuvo acompañado de Daniel Pineda Olmos, quien fue Candidato Electo para obtener el cargo de Enlace “A” (Subdelegado) del Pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, y Antonio de la Rosa Huerta, quien fue candidato también a Coordinador Territorial en Santiago Zapotitlán, en Tláhuac, ambos recurrieron a hacer valer sus derechos electorales ante el Tribunal Electoral del D.F, luego que fueron violentados por los Jefes Delegacionales en dichas demarcaciones.