USO DE FUERZA MILITAR Y POLICÍACA AMENAZAN LAS LIBERTADES HUMANAS
14 de Abril de 2014
Para enfrentar con mayor eficacia el problema de la inseguridad que se registra en el país es necesario reemplazar el concepto de seguridad pública para introducir e instrumentar el concepto de seguridad humana, sustentó Gabriel Godínez Jiménez, diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Las actuales políticas públicas en materia de seguridad centran la atención en la defensa del territorio con un fuerte peso militar y policiaco que amenazan las libertades y los derechos humanos, de ahí la importancia de modificar el concepto de seguridad, explicó.
Los gobernantes, en los tres niveles, deben desechar viejos esquemas y políticas que atentan contra la integridad de los ciudadanos en todos los sentidos de la vida social. Las personas, agregó, deben ser el objeto central de la seguridad.
Recordó que el concepto de seguridad humana se introdujo en 1994 durante la presentación del Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) que presentó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en donde se define de manera amplia como “la ausencia de temor y ausencia de carencias”.
Por ello, Godínez Jiménez destacó que es necesario reconceptualizar a la seguridad pública como seguridad humana. “Este es un término más incluyente que enfrenta el reto de garantizar salud, educación, alimentación, empleo, seguridad jurídica, igualdad, vivienda y medio ambiente, entre otros derechos”.
El simple hecho de modificar la percepción del concepto nos obliga a cambiar la actitud frente a los problemas sociales más sensibles como es la inseguridad que conlleva al temor y a la carencia de calidad de vida, subrayó.
En tal sentido insistió en crear una nueva política nacional que combine los programas de paz, desarrollo y derechos humanos.
Frente a la carencia de seguridad alimentaria, laboral y de salud de parte del Estado mexicano es imposible alcanzar la seguridad humana que exigen los ciudadanos, advirtió Gabriel Godínez.
La sociedad, consideró, debe involucrarse más en las agendas de seguridad y no sólo ser un espectador y víctima de abusos de poder. “Se necesita de una sociedad civil más proactiva que vigile y evite actos de corrupción de parte de quienes administran la justicia y la seguridad social”, sostuvo.
Por lo tanto, el legislador perredista explicó, las representaciones institucionales y civiles deben impulsar políticas sociales incluyentes. “La cohesión social debe significar una lucha contra la pobreza que posibilite el acceso a mayores niveles de bienestar de manera integral, justa y equitativa”.
Para acceder a una plena paz social debe escucharse la voz del pueblo, “tan valiosa como las de los expertos en materia de seguridad”, señaló el también vicepresidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Consideró a su vez que la recuperación, administración y vigilancia de espacios públicos por parte de las organizaciones civiles también es un paso importante para restar fuerza a las organizaciones delictivas.
“Se debe privilegiar la democracia para encontrar las fórmulas más adecuadas para alcanzar la paz social y seguridad humana que todos anhelamos”. El pueblo es quien padece la inseguridad todo el tiempo y por lo tanto conoce cómo librar los peligros; además, la ciudadanía sostiene a las instituciones de seguridad pública y estas poco hacen por brindarle seguridad plena”, sostuvo.
En la solución de los conflictos sociales debe existir una traducción exacta de lo que quiere la ciudadanía, sobre todo en materia de inseguridad y ello se logrará estimulando los debates de donde emanen propuestas que señalen los caminos a seguir, precisó.
La inseguridad no sólo puede combatirse, sino también prevenirse socialmente a través de tareas coordinadas entre los estados y las sociedades civiles, “las autoridades deben perder el miedo a ser cuestionadas por la sociedad”, puntua
