VAN POR REFORMAS PARA INDEMNIZAR A CIUDADANOS INOCENTES
15 de Octubre de 2012
Los reiterados errores en la aplicación de la justicia generan trastornos económicos y sociales a quienes se inculpa equivocadamente. A pesar de que en México en el año 2004 se expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y que el artículo 99 del Código Penal para el Distrito Federal ya contempla la indemnización por una sentencia errónea, periódicamente se registran veredictos que incriminan a inocentes, a quienes se condena sin que hayan cometido algún delito, para después ofrecerles el clásico “usted disculpe”.
En entrevista, el coordinador del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Tonatiuh González Case, señaló lo anterior y subrayó que en México y en la ciudad es necesario instrumentar acciones que garanticen estabilidad, transparencia y apego a derecho para hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades ante sus errores y el daño que provoquen a los ciudadanos condenados sin justificación.
Sostuvo que hay avances importantes en el ámbito penal y del derecho en el sentido de reconocer sentencias equivocadas, pero subrayó que el error judicial es un verdadero acto ilícito o contrario a la ley, cometido por el juez, por acción u omisión en el curso del proceso sometido a jurisdicción, que se debe reparar por el daño que provoca a quienes fueron víctimas de inconsistencias en la aplicación de la justicia.
El legislador priísta refirió además que uno de los principales problemas del sistema penitenciario del país y de la capital radica en la sobrepoblación de las penitenciarias, y que en uno de los factores de ese hacinamiento es la presencia de internos recluidos injustamente por errores de los juzgadores.
Ante ese panorama Tonatiuh González informó que propondrá una iniciativa para indemnizar a los no cuplables con reformas a la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, para que con rendimientos del fondo se indemnice a quienes se les reconozca su inocencia, después de haberse acreditado que el servidor público fabricó, alteró o simuló elementos de prueba para incriminarlo.
Indicó que propondrá además reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que se consideren como faltas de los servidores públicos de los Juzgados fabricar, alterar o simular elementos de prueba para incriminar a un inocente.
Añadió que una reforma adicional será para el artículo 99 del Código Penal Para el Distrito Federal, con el propósito de que aunado a la indemnización a la que tendrá derecho el afectado, la autoridad destruya el archivo o expediente de la persona que sea exonerada incluyendo fotos, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, incluidas las dactilares.
