VI LEGISLATURA LA MÁS VANGUARDISTA DEL PAÍS
01 de Julio de 2013
Al inaugurar el primer Foro de Análisis y Discusión del Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, consideró que esta VI Legislatura es la más vanguardista del país, ya que busca nuevas funciones y relaciones de poder, lo que significa un enorme compromiso, “y este compromiso tiene que ver con muchas cosas: con ser iniciadores, precursores, innovadores, renovadores y transformadores”.
“Ser vanguardistas es encabezar cambios importantes, ser vanguardista es ponerse en la primera línea, ir por delante, promover el cambio, convencer a los demás para los que vengan detrás y la ALDF hoy asume una vez más esa responsabilidad de ser vanguardista, al realizar este foro encaminado a lograr un nuevo Código procesal penal del DF”, agregó.
La Ministra insistió en que los trabajos y análisis de este nuevo Código debe contemplar no sólo la capacitación de los jueces del Distrito Federal y de los magistrados, sino de la policía, los ministerios públicos, los defensores, los abogados litigantes, para que sea una capacitación completa de todos los que van a intervenir.
Durante su participación el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que la reforma aspira a abatir el rezago y recuperar la confianza social en el Sistema Judicial, así como lograr la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio público de procuración y administración de justicia.
Para ello, aseguró “es indispensable que los temas de seguridad pública, prevención del delito, procuración y administración de justicia en las Entidades Federativas se sincronicen a la Reforma Constitucional de 2008. Misma, que determinará la conclusión de la transición al nuevo sistema de justicia penal en 2016”.
En este sentido, dijo, los conceptos procesales como: la publicidad, la contradicción, la presunción de inocencia, la continuidad y la inmediación deberán incorporarse al nuevo sistema penal para ajustarlo a la realidad democrática de una sociedad con nuevos perfiles y demandas históricas de justicia.
En el Auditorio Benito Juárez del edificio Zócalo de la ALDF, Granados Covarrubias indicó que 12 entidades federativas han puesto en marcha el Sistema Acusatorio, de las cuales 10 operan parcialmente: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas y sólo Chihuahua y Estado de México trabajan a plenitud.
En tanto, señaló, en la Ciudad de México subsiste un sistema de justicia penal basado en el proceso mixto inquisitivo que diariamente evidencia su obsolescencia, permite que el indiciado sea visto como un objeto de investigación, por lo que frecuentemente resiente la vulneración de sus derechos, la presunción de inocencia determinada en la Constitución, no es efectiva ya que se abusa de la prisión preventiva y dificulta la adopción de mecanismos alternativos de solución de las controversias y consecuentemente la reparación del daño.
Por ello, “resulta necesario impulsar una nueva arquitectura normativa que permita instaurar el nuevo sistema de justicia penal en la Capital de la República”, expresó.
Explicó que los resultados obtenidos en la mesas temáticas de Análisis y Aplicación de la Reforma Penal; Investigación Formalizada; La Teoría del Caso; el Auto de Vinculación a Proceso o de Libertad; los Medios de Impugnación y la Investigación en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, serán de gran utilidad y servirán para orientar el trabajo de las comisiones de análisis y dictamen legislativo.
“Estamos a tiempo de evitar que los plazos determinados en la Reforma Constitucional de 2008, nos rebasen. La Asamblea Legislativa cumplirá en tiempo y forma con su tramo de responsabilidad constitucional y social. De ello, tengan la plena certeza que así ocurrirá. Priorizaremos los procesos legislativos y la construcción de políticas públicas para garantizar que la justicia penal se humanice y de certeza a los involucrados, sin perder de vista los derechos de las víctimas, pero tampoco perderemos de vista los derechos de los inculpados”, subrayó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna Luna, mencionó que la iniciativa propuesta por el jefe de gobierno, deberá ser un verdadero instrumento con el que se garantice la sana convivencia de los capitalinos y en donde los derechos humanos sean la máxima premisa a proteger, privilegiando a los sectores más vulnerables y excluidos, a los niños, a las mujeres y a los indígenas.
Padierna Luna, hizo un llamado a los grupos parlamentarios para que se sumen a esta iniciativa de manera conjunta y aprueben el dictamen, en el que se promulgará el nuevo Código de Procedimientos Penales.
