VIOLENCIA ESCOLAR PRODUCTO DE ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR: ESPECIALISTAS
06 de Septiembre de 2011
Boletín # 638
• La Comisión de Salud y Asistencia Social realizó la segunda mesa para promover un Ambiente Libre de Violencia en el Entorno Escolar
El entorno familiar y social es generador de la violencia escolar porque involucra a padres de familia, docentes y hasta medios de comunicación, coincidieron en señalar especialistas que participaron en la Segunda mesa para Promover un Ambiente Libre de Violencia en el Entorno Escolar.
Al abordar el tema desde una perspectiva de derechos humanos, la moderadora de la mesa, diputada Rocío Barrera Badillo, señaló que el bullying se considera como un problema de salud pública porque provoca daños físicos, psicológicos y emocionales que genera la deserción escolar y descomposición social.
Explicó que la Asamblea Legislativa promueve varios ejes en los campos de la información, prevención y cultura para atacar los actos violentos originados en el aula.
El secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Luis Gutiérrez Espíndola, advirtió que es peligroso y discriminatorio asumir que la pobreza es generadora de la violencia escolar y rechazó que se deba castigar a los padres de hijos que cometen bullying, porque puede ser una medida contraproducente.
Dijo que para combatir este problema, primero hay que definir en qué consiste, sus dimensiones, factores causales y consecuencias. Aseguró que se requieren estudios más profundos y tener una posición más mesurada, porque el problema no tiene “los alcances dramáticos” que algunos le dan, aunque no hay que minimizarlo.
En tanto, la directora de Educación y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Paz Echanique Pascal, pidió no criminalizar a los niños y adolescentes que cometen esta práctica, porque son producto de un entorno familiar, social y hasta mediático generador de violencia. La sociedad, dijo, no es ajena a esta violencia.
Pidió atacar este problema desde los espacios escolares y fortalecer los programas y modelos educativos, orientados con un enfoque de derechos humanos y no violencia.
El representante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, José Luis Rodríguez Núñez, se pronunció por una ley preventiva en la que se tenga en cuenta que la intervención de esa dependencia debe ser el último recurso al que se debe acudir. Dijo que se debe contar con una ley equilibrada que atienda a víctimas y agresores.
Propuso atender el problema antes de que se convierta en una infracción administrativa o un delito, porque el círculo de violencia escolar es parte de la que viven los menores agresores en su familia y entorno social. Pidió una ley preventiva clara que permita detectar a los alumnos violentos y canalizarlos a centros de atención especializada.
Respecto de los comités de convivencia escolar comentó que no hay un criterio unificado para su operación, por lo que este vacío provocaría que cada quien aplicara sanciones de acuerdo a su consideración. Con ello, se corre el riesgo de violar los derechos de los menores.
Por su parte, la representante del DIF-DF, Carla Martínez Roa, reveló que de acuerdo con un estudio de la Estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar con mayor violencia física, verbal, psicológica y social entre menores de 18 años, conocido como bullying.
De tal manera, señaló la necesidad de enseñar a los menores a socializar y que los padres estén atentos a su evolución familiar y social, porque es frecuente que no les transmitan los mismos valores con los que fueron educados.
Coincidió en que la violencia escolar que no es atendida a tiempo puede generar otros delitos. Habló de que en la violencia escolar intervienen factores como talla, estatura, enfermedades, temperamentos, hiperactividad, historias de agresión o consumo de sustancias por parte del menor o sus familiares y fracasos académicos.
Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guadalupe Abascal Castro, dijo que es imperativo hacer entender a cada alumno, maestro a padre de familia que la violencia no es normal, no debe ser usual y nunca es justificable.
Habló de que un estudio realizado por la CNDH determinó que este problema requiere la intervención de esa comisión porque se violentan los derechos humanos. Para ello se requiere la colaboración de maestros, estudiantes y padres de familia.
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