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VIOLENTAN GOBIERNO E INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DERECHOS DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS



29 de Marzo de 2016

Boletín # 337

· Se comprometen diputados del PRI y PVEM apoyar lucha de los pobladores por evitar que se les dé categoría de colonias


El Gobierno de la Ciudad de México vulnera los derechos de quienes habitan en pueblos y barrios originarios, al quitar a éstos ese estatus y catalogarlos ahora como colonias de las 16 delegaciones, desconociendo su historia precolombina e ignorando los códices que avalan sus orígenes. Por ello, emprenderán con el respaldo de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), una lucha en defensa de sus territorios, costumbres, cultura y estatus.

El acuerdo de emprender acciones conjuntas para revertir la decisión unilateral de desconocer, de la noche a la mañana, de un plumazo y sin argumento alguno, la existencia de 103 de los 143 pueblos y barrios originarios que hay en la Ciudad de México para darles el rango de colonias, se tomó en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Ante representantes de pueblos y barrios de las delegaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tláhuac que acudieron al recinto parlamentario, Mariana Moguel Robles, Israel Betanzos Cortés, Adrián Rubalcava Suárez y Luis Gerardo Quijano Morales, del PRI, así como Eva Eloisa Lescas Hernández, del PVEM, se comprometieron a pugnar porque la Constitución de la Ciudad de México no sólo reconozca el derecho que les asiste como habitantes, sino también su identidad, cultura y tradiciones.

En conferencia de prensa, el diputado Betanzos Cortés acusó al Gobierno del Distrito Federal y al Instituto Nacional Electoral (INE) de vulnerar los derechos de millones de ciudadanos al decidir, sin consulta previa, quitarles su estatus a 103 pueblos y barrios originarios, con base en las leyes de participación Ciudadana y Electoral, para clasificarlas como colonias.

Lo anterior, explicó, es resultado del nuevo catálogo ciudadano que se elaboró como parte del proceso electoral para elegir el 5 de junio a los 60 diputados que integrarán la Asamblea Constituyente que habrá de elaborar la Constitución Política de la Ciudad de México, en el que sólo se reconoce a 40 pueblos y barrios como tales.

Los diputados del PRI y PVEM, expresó, buscarán que el reconocimiento de los 143 pueblos y barrios que están diseminados en las 16 delegaciones quede incluido en el texto de la Constitución para evitar que mediante una ley secundaria se intente violentar territorios y vulnerar derechos, usos y costumbres de sus habitantes.

Mariana Moguel Robles, por su parte, resaltó que la Carta Magna ofrece una gran oportunidad para definir, de una vez por todas, el estatus de esos territorios que representan la identidad de la Ciudad de México. Con ello, no se tendría que estar defendiendo de manera continua la defensa de usos y costumbres. “Hay que hacer leyes que en la práctica no sean letra muerta”, dijo.

En representación del PVEM, la diputada Eva Eloisa Lescas se sumó al trabajo que habrá de realizarse junto con el PRI y los ciudadanos de los pueblos y barrios originarios a quienes se violentan sus derechos.

A su vez, Adrián Rubalcava Suárez, del PRI, expuso que para preservar la cultura y tradiciones originarias hay que frenar el crecimiento urbano porque provoca deterioro de pueblos y barrios, ya que el gobierno del Distrito Federal prioriza el desarrollo financiero y facilita la inversión privada.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Asamblea legislativa, Israel Betanzos Cortés, expresó que hay que tener coraje para defender las tradiciones que dan identidad a la Ciudad de México y, por ello, a nombre de las bancadas de su partido y del Verde Ecologista se comprometió a apoyar la causa de los pobladores.

En representación del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, Fabiola Poblano Ramos pidió a las diputadas y diputados ser garantes de ese compromiso, ya que en las pasadas tres legislaturas presentaron tres proyectos de iniciativas para que se garantizaran los derechos e hiciera posible la participación de la población en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que impacten esos territorios, pero fueron ignoradas.

Se han firmado acuerdos pero las acciones de la autoridad son contrarias; los pueblos y barrios originarios y sus habitantes “no están en la agenda del gobierno de la Ciudad de México”.

Y advirtió que hoy están más organizados, más presentes, más exigentes y más decididos, y si la Constitución no garantiza la vigencia y permanencia de los pueblos y barrios habrá respuesta de rechazo. “Que se nos consulte, ya que esa es una obligación, no un asunto de voluntad política”.